Los recipientes se acumulan y hay solo 8 kg de fideos para llenarlos. Los cocineros cruzan una mirada de preocupación. ¿Alcanzará? En los comedores populares de Argentina se unen dos problemas: la crisis empuja a más personas a pedir ayuda, pero el gobierno ya no les está entregando comida.
«Hoy no sé si llegamos», dice Carina López, señalando los cajones vacíos de frutas y verduras.
López es la encargada del comedor «Las hormiguitas viajeras», que funciona en una casa en Loma Hermosa, un barrio de bajos recursos en San Martín, al norte de Buenos Aires. Los vecinos dejan su táper sobre una mesa en el zaguán y se van, entre calles con murales de Messi y Maradona. Los recogerán luego, idealmente llenos.
Carina López, así como otros organizadores de comedores comunitarios, cuenta que en noviembre recibió la última partida de alimentos del gobierno.
El ultraliberal Javier Milei asumió en diciembre y desde entonces se congeló el envío de fondos para comedores y merenderos, mientras se audita el sistema actual.
«Va a haber un método innovador para que la ayuda le llegue a quien le tenga que llegar y no que ande en un pasamanos con intermediarios», prometió el vocero de Presidencia, Manuel Adorni, criticando la «discrecionalidad» del mecanismo.
Pero no hay un esquema de transición y, entretanto, miles de comedores, capaces de proveer más de 100 raciones de alimentos por día, dependen desde hace dos meses de insuficientes ayudas municipales y donaciones.
«Me dijeron ‘sacá días de comedor, o sacá gente'», cuenta López, de 50 años, refiriéndose a las soluciones propuestas por las autoridades. «Pero yo no puedo sacar a nadie. Hay gente nueva, abuelos nuevos».
«Esto recién empieza»
La afluencia aumenta a medida que la crisis se profundiza. Casi la mitad de los argentinos son pobres, en un país con 211% de inflación en 2023.
«Y aparte se están cortando las changas [trabajos informales], porque todo el mundo está ajustando gastos y se contrata menos», comenta Melisa Cáceres, docente y organizadora barrial.
Es el caso de uno de los «nuevos» de este comedor: Daniel Barreto, de 33 años. Es albañil, pero muchas obras están paradas y ya no consigue empleos, con cuatro niños pequeños a su cargo.
«Por más que labure o no, no me alcanza la plata. Estoy con mi jermu [mujer] y cuatro pibes. No sirve la plata. Vos vas a comprar, y no sirve», cuenta. «La situación me supera».
Afuera, tres niñas juegan cerca de un perro. Dentro, un «pechito» (costillar) de cerdo se cuece al horno para acompañar los fideos.
Algunos comedores y merenderos vecinales se organizan de forma espontánea y otros dependen de organizaciones. Son resultado del fuerte sentido de comunidad de los argentinos.
Los movimientos sociales que manejan muchos de estos centros aseguran que, entre diciembre y febrero, aumentó al menos 50% la cantidad de personas que acuden.
«Y esto recién empieza», advierte Cáceres, del partido Libres del Sur, que coordina este comedor.
Hay unos 38.000 comedores comunitarios en Argentina, según informó a la AFP Celeste Ortiz, vocera del movimiento social Barrios de Pie. Su organización maneja 2.000, mientras Libres del Sur conduce otros tantos.
Relevamiento de comedores en Argentina
Milei ha prometido asistencia social a «los caídos» por la «estanflación», y su gobierno asegura que implementará un método de asistencia directo.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, explicó que realiza un «relevamiento de comedores». Los centros que superen esta auditoría ingresarán a un programa «para la compra transparente de alimentos».
Pero esto aún no tiene fecha de implementación y la Iglesia y los movimientos sociales se impacientan.
La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) denunció en un comunicado que «la comida no puede ser una variable de ajuste» y exigió que «todos los espacios que dan de comer (… ) reciban ayuda sin dilación».
La ministra -quien tiene una demanda penal por no haber entregado alimentos en dos meses de gestión a los comedores comunitarios- es más proclive a asociarse con organizaciones religiosas.
Anunció un convenio de asistencia alimentaria con las iglesias evangélicas por cerca de 200.000 dólares y, poco después, comunicó un acuerdo similar, por casi el doble, con Cáritas Argentina, una organización dependiente de la Iglesia Católica.
Cáritas se sumó luego a la CEA y defendió el trabajo de los movimientos sociales, insistiendo en «integrar a todos aquellos que con enorme sensibilidad atienden a los más pobres».
Si bien agradece el apoyo de la Iglesia, Cáceres lamenta que «parece que hay intermediarios que sí valen, y otros que no».
En tanto, Carina López suspira, aliviada: en el comedor salieron 130 raciones y todos recibieron su táper lleno.
