La Defensoría Pública de Sao Paulo y organizaciones de derechos humanos de Brasil pidieron este viernes a la ONU que interceda para que cese una operación policial que deja 26 muertos en el litoral del estado desde el año pasado.
Los organismos instaron en un comunicado conjunto a «que se solicite al Estado brasileño el cese inmediato de la operación, evitando la escalada de violencia, y el uso obligatorio de cámaras corporales por parte de los agentes de seguridad pública».
Además, solicitan que se garantice una «pericia e investigación independientes, rápidas e imparciales sobre las muertes resultantes».
El documento de la Defensoría está firmado también por las oenegés brasileñas Conectas Direitos Humanos y el Instituto Vladimir Herzog.
Los organismos presentaron a la ONU «un historial de la denominada Operación Escudo», lanzada el año pasado, «en el que destaca la muerte de al menos 9 personas entre el 20 de enero y el 9 de febrero».
La secretaría de Seguridad Pública de Sao Paulo, por su parte, informó el viernes que «26 personas murieron en enfrentamientos con la policía» en el marco de la operación desarrollada en la Baixada Santista, una región cercana a la capital económica de Brasil.
La operación comenzó el 18 de diciembre.
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Una de las muertes fue la del narcotraficante Rodrigo Pires dos Santos, apodado Danone, miembro de la poderosa organización criminal Primer Comando de la Capital (PCC).
La policía reportó además la detención de 620 personas, 226 de las cuales estaban solicitadas por la justicia; también incautaron 72 armas ilegales y 147 kilos de drogas.
«Nuestras acciones de combate al crimen organizado continúan en la Baixada Santista, con inteligencia operativa y el compromiso de nuestros policías», publicó el viernes Guilherme Derrite, secretario de Seguridad Pública de Sao Paulo, en Instagram.
Esa misma región ya había sido epicentro de una operación contra el crimen organizado en agosto pasado que fue puesta en marcha tras el asesinato de un policía. El operativo dejó al menos 14 muertos en cinco días.
Las fuerzas de seguridad de Brasil son habitualmente criticadas por organizaciones de derechos humanos por hacer un uso desmedido de la fuerza, especialmente contra la población negra, durante operaciones en favelas y asentamientos pobres.
