El proyecto ultraliberal de Javier Milei es puesto a prueba en el Congreso este jueves, cuando los senadores aborden un megadecreto que modifica o deroga cientos de normas y leyes y que forma parte del plan del presidente para desregular y desestatizar al máximo el sistema económico argentino.
La Cámara Alta, donde el pequeño partido de Milei apenas es la tercera fuerza, al igual que en la Cámara de Diputados, comenzó a debatir el «Decreto de Necesidad y Urgencia» (DNU), una segunda etapa del programa del presidente que se autodefine como anarcocapitalista y que lleva solamente tres meses en el poder.
Este debate ocurre luego del fracaso en febrero de su otro gran programa de reformas, la denominada «Ley Ómnibus», una amplia iniciativa que naufragó en Diputados en febrero y que volverá a debate tras sufrir recortes y modificaciones.
Para que sea anulado, el DNU 70/2023 debería ser rechazado tanto por el Senado como por los diputados, que aún no lo abordaron. De ocurrir, será la primera vez que un DNU es rechazado en el Congreso.
«Es probable que haya rechazo», señaló el consultor político Carlos Fara a la AFP. Y, si esto ocurre, «no tendrá un trámite sencillo» en Diputados, que está involucrada en negociaciones entre los gobernadores y el Ejecutivo.
Leer también: Demandan a Argentina en EEUU por impago de combustible usado por el avión presidencial
Congreso
Entre las decenas de leyes derogadas por el DNU está la regulación del mercado de alquileres, que impedía negociar contratos en moneda extranjera; así como normas que limitaban los aumentos que las empresas de medicina privada podían imponer a sus clientes.
Su tratamiento «servirá para dejar en evidencia quiénes son los que están a favor del cambio en Argentina y quiénes son los que están en contra», dijo Milei el miércoles en una entrevista radial.
«En el DNU proponemos dar más libertad a los argentinos; y dar estructuras de mercado más competitivas; y terminar con los robos de la política», aseguró.
El decreto se enfrenta decenas de amparos judiciales que cuestionan su constitucionalidad. Contempla además una reforma laboral que se suspendió por la justicia en enero a la espera de la trate la Corte Suprema.
Desde su entrada en vigor, la iniciativa cosechó el repudio de sectores sociales afectados por sus desregulaciones, en un contexto de 276% de inflación interanual; y con más de la mitad de la población, de casi 46 millones, bajo la línea de pobreza.
