Rusia pretende «erradicar» las identidades ucraniana y tártara de Crimea y cambiar la composición demográfica del territorio que controla desde hace 10 años mediante transferencias de población. Así denunció Amnistía Internacional en un informe publicado el lunes.
Rusia anexó oficialmente la península de Crimea en marzo de 2014, tras un referéndum para su separación de Ucrania, considerado ilegal por Occidente. Meses después, Moscú apoyó una insurrección prorrusa en el este de Ucrania.
«En 10 años de ocupación, Rusia ha hecho todo lo posible por deslegitimar la soberanía de Ucrania en Crimea», señaló la oenegé de derechos humanos sobre las políticas utilizadas por Moscú para «modificar la composición étnica» de la península.
«Ha buscado erradicar sistemáticamente las identidades ucraniana y tártara de Crimea al perturbar, restringir o prohibir el uso de las lenguas ucraniana y tártara en la educación, los medios de comunicación, las celebraciones nacionales y otros ámbitos de la vida de Crimea», según Amnistía.
Rusia
«Rusia también realizó transferencias forzadas de población fuera de Crimea y ha trasladado a civiles rusos» a la península, agregó.
Asimismo, Rusia ha «silenciado» a los medios de comunicación independientes; «reprimido» a las minorías religiosas y «modificado» planes de estudio escolares para asegurar que las generaciones más jóvenes no tengan conocimientos suficientes para «cuestionar la narrativa rusa de la historia de Crimea», según Amnistía.
Los habitantes son obligados a aceptar pasaportes rusos o enfrentar «la privación de sus derechos fundamentales; la denegación de acceso a servicios esenciales e incluso el riesgo de deportación», sostuvo la oenegé.
Señaló que tales políticas «parecen ser un modelo para los proyectos de Rusia en otras regiones de Ucrania bajo su ocupación».
El presidente ruso Vladimir Putin lanzó en 2022 una invasión a gran escala de Ucrania; en septiembre de ese año, Moscú afirmó haber anexado cuatro regiones ucranianas: Donestsk y Lugansk en el este, y Zaporiyia y Jersón en el sur.
Desde entonces, Amnistía dice haber recopilado informaciones sobre «adoctrinamiento y coacción practicados por las autoridades rusas en las escuelas de las zonas ocupadas».
