El Gobierno de Argentina anunció hoy jueves que envío al Congreso de la Nación un paquete de proyectos de ley, que incluirá la llamada «Ley Antimafia», la modificación de la «Ley de Seguridad Interior» y la sanción de piquetes (protestas) callejeros, para dotar al Estado de nuevas herramientas contra el narcotráfico, el crimen organizado y la protesta social.
En conferencia de prensa desde la Casa de Gobierno, los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Defensa, Luis Petri, destacaron que las iniciativas, que se enviarán por instrucción del presidente Javier Milei, permitirán «la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad interior y el endurecimiento de penas».
Petri detalló que las iniciativas son contra las organizaciones criminales (conocida como Ley Antimafia); de Reincidencia y Reiterancia; de Registro de ADN ampliado a todos los delitos, y de Orden Público. Incluye penalidades a la organización de protestas, el aumento de penas ante la resistencia a la autoridad y la tipificación del bloqueo a empresas como delito.
Mencionó que la propuesta incluye modificar la Ley de Seguridad Interior. Lo que será «para permitir que las Fuerzas Armadas puedan intervenir y realizar operaciones que permitan devolverle la tranquilidad y la paz a los rosarinos. Comentario en referencia a la situación de violencia en la ciudad de Rosario, 300 kilómetros al norte de Buenos Aires (capital); donde la tasa de homicidios quintuplica la nacional.
«Estamos convencidos de que la batalla contra los narcos se puede ganar utilizando todo el poder del Estado y las herramientas de la Constitución. Por disposición del presidente Milei estamos enviando estos proyectos al Congreso de la Nación para que sean debatidos», dijo.
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Gobierno
El ministro explicó que a partir de la declaración de actos terroristas que pongan en peligro los intereses vitales de la Patria, las Fuerzas Armadas estarán habilitadas a realizar patrullaje, control de personas, de vehículos y de instalaciones, y aprehensión en flagrancia, además de que podrán equiparse, capacitarse y prepararse para estas tareas.
Bullrich, por su lado, explicó que la llamada Ley Antimafia implica que aquellos que cometen delitos encadenados al objetivo de alguna organización criminal, como el transporte, la comercialización, la venta, el dominio territorial y el lavado de activos, pasarán de tener una pena individual a una por pertenecer a esa «organización mafiosa».
«La pena por el delito más grave que le corresponde a quien cometió el hecho se va a aplicar a todos los miembros de la organización», planteó la funcionaria.
En cuanto a la «Ley de Reiterancia», sostuvo que se busca cortar «la impunidad que siente la gente»; pues si un delito se reitera, quien lo cometió irá preso.
Señaló además que el paquete de proyectos buscará también «el aumento de penas para aquellos que organicen manifestaciones, que instiguen al corte de calles, que obliguen a la gente a participar de las manifestaciones bajo promesas de remuneración, y amenazas». A la vez que se sancionará «el bloqueo de comercios, industrias o cualquier tipo de establecimientos; con una pena que va a ir de cuatro a seis años».
La ministra dijo que el Ejecutivo buscará trabajar «con todos los senadores y diputados» para que el país pueda «salir de la situación en la que estamos». Remarcó que el resultado de la votación de las distintas iniciativas permitirá determinar quién está del lado de los delincuentes.
