Un «contexto político hostil», ataques al tribunal de paz y la violencia en Colombia han minado la implementación del histórico acuerdo firmado en 2016 entre el gobierno y las FARC, denunció la ONU en un informe divulgado el martes.
En una rueda de prensa virtual, Antonia Urrejola, experta internacional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y autora del reporte, detalló los principales obstáculos que han impedido hacer realidad varios puntos del acuerdo y pidió que el acuerdo que se convierta en una «política de Estado».
«Los primeros años tras la firma del acuerdo de paz fueron cruciales (…) pero ese periodo estuvo marcado por un contexto político hostil al acuerdo. Esto resultó en una implementación desigual y en ataques contra el sistema de justicia transicional», dijo Urrejola.
El expresidente Iván Duque (2018-2022) es un duro crítico del proceso que transformó en partido político a la que fue la guerrilla más poderosa de América, alegando la impunidad que se ofrecía a rebeldes responsables de delitos atroces.
El reporte denuncia la «poca voluntad política» de la época y «los comentarios públicos reiterados de las más altas autoridades del Estado en contra de la legitimidad y el buen funcionamiento de los mecanismos de justicia».
En ese contexto, la ONU tomó el caso del exnegociador rebelde Jesús Santrich quién se rearmó en 2019, según él, por incumplimientos a lo pactado.
La organización señaló a la Fiscalía de «una obstaculización» del proceso del exguerrillero en el tribunal surgido del acuerdo de paz «para que tomara una decisión en el tiempo oportuno sobre la garantía de no-extradición» a Estados Unidos.
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Acuerdo de paz en Colombia
Santrich fue capturado en 2018 en Colombia con fines de extradición, pero en mayo de 2019 fue liberado por orden de la Corte Suprema.
Según versiones no oficiales, luego murió en un enfrentamiento armado en Venezuela en 2021.
«A raíz del asunto Santrich, se reforzó el estigma sobre las personas firmantes de paz. Se aceleró su división interna y habría afectado la reincorporación tal y como estaba prevista en el acuerdo», aseguró Urrejola.
Su caso «no se pueden leer de manera aislada, sino que se enmarca en un contexto de ataques contra el acuerdo», precisó el informe.
La ONU también señaló la violencia como un obstáculo para implementar el acuerdo en las regiones desangradas por más de medio siglo de conflicto armado.
Sin embargo, destacó que el 80% de los firmantes siguen comprometidos «con el proceso de reincorporación a la sociedad; a pesar de los obstáculos y riesgos para sus vidas».
