Miles de indígenas marcharon este martes en la capital de Brasil para reclamar seguridad y la demarcación de sus tierras, un asunto que enfrenta al gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva con el parlamento de mayoría conservadora.
«Hay una emergencia indígena», dijo a la AFP Jaqueline Arandurah, dirigente del pueblo guaraní kaiowá ubicado en el estado de Mato Grosso do Sul (sur). «Ya van más de 400 días del gobierno de Lula y nuestras tierras no fueron demarcadas», completó.
La líder señaló que marcha «para decir al gobierno brasileño que es necesario garantizar los derechos de los pueblos indígenas para mitigar la violencia» en los territorios ancestrales.
La delimitación de las tierras indígenas fue una promesa de campaña de Lula, quien desde que volvió al poder en enero de 2023 retomó esa política abandonada por su antecesor de extrema derecha, Jair Bolsonaro (2019-2022).
Además, la demarcación de esas zonas es una medida que, según científicos, contribuye a la preservación del medioambiente.
Hasta el momento, se homologaron durante el gobierno del izquierdista diez nuevas tierras indígenas; incluidas dos anunciadas la semana pasada, pero los manifestantes reclaman más acciones.
La monumental Explanada de los Ministerios en Brasil vio deambular tocados de plumas, arcos y flechas, mientras hombres y mujeres de diferentes pueblos originarios de Brasil -algunos cubiertos con pigmentos tradicionales- caminaban hacia el Congreso Nacional, donde se realizó una sesión solemne.
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«Miles de indígenas»
La marcha incluyó bailes y cantos, en el marco del campamento anual Tierra Libre que tiene lugar en la capital brasileña esta semana.
La demarcación de tierras es un asunto conflictivo en Brasil. Sus críticos se concentran en el poderoso agronegocio y sus aliados en el Congreso, que mantuvieron en la ley una controvertida tesis que limita los derechos de los indígenas sobre sus territorios.
Se trata del llamado «marco temporal», que reconoce el derecho de los pueblos nativos a reivindicar los territorios que ocupaban en 1988, cuando se promulgó la Constitución. Este sector totaliza 1,7 millones de los 203 millones de habitantes de Brasil,
«Eso es una ofensa, es decir que somos los invasores y no lo somos», dijo Walderir Tupari, del pueblo Tupari, basado en el estado de Rondonia (norte), al afirmar que la Constitución «está siendo violada».
«No estamos aquí desde 1988. Estamos desde hace mucho, mucho tiempo», añadió.
El Supremo Tribunal Federal (STF) ya había declarado inconstitucional esa tesis en septiembre pasado, pero ahora debe repetir el debate sobre la nueva ley.
El juez del STF Gilmar Mendes decidió el lunes suspender todos los procesos judiciales sobre la constitucionalidad de la ley hasta que la máxima corte se manifieste definitivamente sobre el tema.
La relatora especial de Naciones Unidas para defensores de derechos humanos, Mary Lawlor, cerró el viernes una visita a Brasil resaltando la importancia de demarcar las tierras para detener la violencia contra esos activistas.
