El Senado argentino inició este martes el debate en comisiones del paquete de reformas de desregulación económica conocido como «Ley Bases», impulsado por el presidente, el ultraliberal Javier Milei, aprobado por la cámara de diputados en abril.
El ministro del Interior, Guillermo Francos, encabezó la reunión plenaria de las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto y, junto a otros funcionarios del Ejecutivo, defendió la norma frente a preguntas y cuestionamientos de los senadores opositores.
El oficialismo cuenta con 7 senadores de un total de 72. Enfrenta a una base de 33 senadores peronistas que se prevé que voten en contra.
El politólogo Andrés Malamud señaló a la AFP que «el Senado es más difícil que Diputados porque la bancada del gobierno es menor (10% en vez de 15%), la del kirchnerismo es mayor y Martín Lousteau, de la Unión Cívica Radical (UCR, centro), complica los acuerdos tejidos con los demás radicales».
Si se rechazan o modifican uno o varios capítulos, la ley deberá volver a la Cámara de Diputados.
Durante la reunión, Lousteau y otros senadores de la UCR, un bloque clave para decidir la votación, cuestionaron varios capítulos de la norma. En especial el régimen de incentivos tributarios, aduaneros y cambiarios para las grandes inversiones; y la reforma previsional que entre otras cosas elimina el acceso universal a la jubilación mínima.
En la mañana del martes se había iniciado una polémica. Legisladores opositores denunciaron que el texto que ingresó al Senado no coincidía con el aprobado por los diputados, y pidió que se deje sin efecto la comunicación.
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Ley de reformas
Consultado por el tema, el vocero presidencial, Manuel Adorni, reconoció minutos después que hubo un «error de tipeo». Más tarde se envió una «fe de erratas» a los senadores con correcciones al articulado; fue calificada de «papelucho» por la senadora peronista Silvia Sapag durante la reunión.
El oficialismo pretende conseguir el dictamen de comisión esta semana y la luz verde del Senado la próxima; aunque la oposición solicitó un «tiempo prudencial» para discutir la norma.
El gobierno está urgido porque quiere tener la ley aprobada antes del 25 de mayo, día en que Milei convocó a todo el arco político a firmar un «contrato social» de diez puntos, entre ellos la defensa «inviolable» de la propiedad privada y el equilibrio fiscal «innegociable».
