La Policía Federal de Brasil ha adelantado que la próxima semana solicitará formalmente a las autoridades argentinas la repatriación de decenas de implicados en los ataques del 8 de enero de 2023, que habrían huido al país vecino para evitar las investigaciones que tienen abiertas o cumplir las penas impuestas.
El director general de la Policía, Andrei Passos Rodrigues, explicó que la petición se hará en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Tribunal Supremo. Y que se solicitará la entrada de los nombres de estas personas en la red de búsqueda de Ameripol, la Comunidad de Policías de América.
Se estima que unos 65 sospechosos y condenados por los ataques de aquel 8 de enero han escapado a Argentina. En la víspera la Policía Federal emitió un total de 208 órdenes de detención. De las que solo pudieron hacerse efectivas menos de la mitad, debido a que ya se sospechaba que muchas de estas personas se habían huido.
Mientras tanto, en el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva crecen las dudas acerca de la buena disposición de las autoridades argentinas para colaborar. Además del temor de que finalmente concedan asilo político a muchas de estas personas, que previsiblemente ya lo han solicitado, apuntan medios brasileño.
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Implicados
Una fuente del Gobierno brasileño sostiene que la decisión de Argentina mostrará en qué punto están las relaciones entre ambos países. Conocida la buena relación del presidente Javier Milei con el expresidente Jair Bolsonaro, cuyos seguidores estuvieron a la vanguardia de los ataques contra las instituciones.
En el marco de la Operación Lesa Patria, la Policía Federal ha detenido durante las investigaciones a alrededor de 1.500 personas. La mayoría de ellas por delitos relacionados con el intento de golpe de Estado, organización criminal, destrucción de patrimonio protegido, e incluso por financiación de aquellos hechos.
El 8 de enero de 2023, una turba de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro irrumpió en la plaza de los Tres Poderes de Brasilia asaltando las sedes del Congreso y del Tribunal Supremo. Todo en protesta por los resultados de las elecciones en las que Luiz Inácio Lula da Silva logró hacerse con su tercer mandato.
(07/06/2024)
