El Congreso de Ecuador rechazó este viernes un pedido del máximo tribunal de justicia para retirar el fuero que protege a la vicepresidenta, Verónica Abad, y así permitir que sea enjuciada penalmente ante una investigación por presunta corrupción.
De 133 asambleístas presentes, 78 votaron a favor de rechazar la solicitud de la Corte Nacional de Justicia, 38 en contra y 20 se abstuvieron.
Abad, vinculada por la Fiscalía desde el martes en una trama de supuesta corrupción, seguirá en funciones y no podrá ser juzgada mientras se encuentre en el cargo que dejará en febrero del próximo año, cuando habrá elecciones generales.
El juicio continuará para el resto de los implicados en las pesquisas del «caso Nene», entre ellos su hijo Sebastián Barreiro.
Acusada de concusión, un delito imprescriptible, a Abad se la podría procesar más adelante.
La Fiscalía señala que la funcionaria y su hijo pidieron dinero a cambio de entregar un puesto de trabajo en la Vicepresidencia. Según la entidad, el denunciante debía entregarles $us 1.700 mensuales como condición para favorecerse con un empleo.
Abad mantiene una tensa relación con el presidente Daniel Noboa, quien la envió en diciembre como embajadora a Israel. Pese a la evidente enemistad, el mandatario no puede retirarla del cargo por ley.
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Congreso de Ecuador
El ministerio de Gobierno señaló que la decisión de la Asamblea Nacional este viernes «es la evidencia más clara» de un «sucio pacto político» entre los partidos opositores.
«No importaron las denuncias, las acusaciones, las pruebas, los expedientes. En fin, no importó el sentido de justicia», apuntó la cartera en un comunicado.
En cambio Abad dice ser víctima de una campaña en su contra. «La persecución ahora es con Verónica Abad, mañana puede ser para nosotros», dijo en la sesión virtual del Congreso la asambleísta Gissella Molina, del partido Gente Buena.
El hijo de Abad estuvo preso en una cárcel de máxima seguridad hasta mayo, cuando pagó una fianza de $us 20.000; recibió medidas alternativas como la prohibición de salida del país y la presentación periódica ante las autoridades.
Abad ha llamado «autoritario» a Noboa, mientras que asesores del mandatario han acusado a la vicepresidenta de ser una «enemiga respaldada por grupos políticos que quieren atacar al gobierno».
La tensión se eleva de cara a las presidenciales de 2025 a las que Noboa pretende postularse, pero para hacerlo por ley debe encargar el poder a la vicepresidenta mientras realiza la campaña electoral.
