Ecuador inició este viernes en el suroeste del país la construcción de una cárcel de máxima seguridad para 800 presos, en el marco de su guerra contra el crimen organizado, lo cual generó protestas de pobladores del área.
«Hoy marcamos uno de los hitos más importantes en nuestra lucha en contra del terrorismo y las mafias que se enquistaron impunemente en nuestro país durante décadas», dijo el presidente, Daniel Noboa, en un acto por el comienzo de la obra en la localidad costera de Santa Elena.
En los alrededores del predio donde se edificará la prisión, pobladores protestaron en rechazo al proyecto.
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) denunció en su cuenta de la red social X que la policía desalojó a «comuneros que protestaban contra la construcción» de la cárcel.
Tras asumir en noviembre para un período de 18 meses, el mandatario ecuatoriano anunció que construirá dos prisiones de máxima seguridad, una en la región de la Amazonía y otra en la costa del Pacífico, tomando como referencia la penitenciaría que levantó su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, para combatir las pandillas criminales.
En el puerto de Guayaquil (suroeste), principal puerta de salida de droga hacia Estados Unidos y Europa, existe una penitenciaría de máxima seguridad denominada La Roca, con capacidad para 160 reclusos.
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CONSTRUCCIÓN EN ‘TIEMPO RÉCORD’
La nueva cárcel, que se sumará a las 36 existentes en todo el país, ocupará 16,2 hectáreas y se construirá en un «tiempo récord» de 300 días, precisó el general Luis Zaldumbide, director del organismo estatal que administra las prisiones (SNAI).
El gobierno destinará 52 millones de dólares a la construcción de la prisión, diseñada para «reclasificar y aislar a los delincuentes altamente peligrosos, los cabecillas de las mafias que estarán monitoreados en tiempo real», señaló Noboa, autodefinido como de centro-izquierda.
Las prisiones ecuatorianas se han convertido en teatros del terror. Desde 2021, más de 460 reclusos murieron a causa de violentos enfrentamientos entre bandas del narco que se disputan el poder.
El gobernante, elegido en comicios anticipados y que en enero declaró al país en «conflicto armado interno» debido a la violencia criminal, movilizó a los militares para neutralizar a una veintena de agrupaciones tildadas de terroristas y beligerantes.
Esa declaratoria, entre otras cosas, permite a las Fuerzas Armadas intervenir dentro de las penitenciarías, usualmente a cargo de un cuerpo de seguridad civil del SNAI.
El actual sistema penitenciario ecuatoriano tiene capacidad para 30.200 personas y registra una sobrepoblación con 31.300 reos, de acuerdo a un censo de 2022.
