La justicia de Estados Unidos sentenció este miércoles al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández a 45 años de prisión, tras haber sido hallado culpable de tráfico de drogas y armas el pasado 8 de marzo.
En una audiencia en Nueva York, el juez Kevin Castel condenó a Hernández, de 55 años, a una multa de $us 8 millones y a 5 años de libertad vigilada cuando cumpla su condena.
La pena es un poco superior al mínimo estipulado 40 años por los tres cargos, que reclamaba la defensa, pero inferior a la cadena perpetua que solicitó la fiscalía.
Vestido con uniforme de presidiario, Hernández escuchó de pie la sentencia del juez, en una sala abarrotada de hondureños que se acercaron al tribunal del distrito sur de Manhattan para asistir a este día histórico.
Expresidente de Honduras
Su abogado defensor Renato Stabile anunció que apelará la sentencia con el fin último de «anular la condena» y «celebrar un nuevo juicio», como había reclamado infructuosamente hasta ahora.
Con este motivo, pidió que su defendido permanezca de momento en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, para sorpresa del juez, ya que es famoso por sus pésimas condiciones.
«El papel de Juan Orlando Hernández fue utilizar su poder político como presidente del Congreso y como presidente de Honduras para limitar el riesgo de los narcotraficantes a cambio de dinero», justificó el juez al leer la sentencia. Dicho dinero le habría servido para llegar a la presidencia, donde permaneció dos mandatos, de 2014 a 2022, según la fiscalía.
El mandatario ha tratado de hacer valer ante el juez lo que presenta como logros durante sus dos gobiernos en la lucha contra el crimen organizado, y su colaboración con los gobiernos y agencias estadounidenses especializadas de lucha contra la droga.
Pero desde Washington, el fiscal general, Merrick Garland, envió un mensaje a navegantes: «El departamento de Justicia exigirá responsabilidades a todos aquellos que se dediquen al tráfico violento de drogas, independientemente de lo poderosos que sean o del cargo que ocupen».
Fiel colaborador del gobierno del republicano Donald Trump (2017-2021), Hernández llegó a jactarse de los elogios de Washington por la labor de su gobierno en la lucha contra el narcotráfico.
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«Mal sabor de boca»
Para la activista hondureña de derechos humanos Lida Perdomo, la sentencia deja «un mal sabor de boca», pues esperaba que le impusieran «al menos dos cadenas perpetuas».
En su turno de palabra, el acusado, que llegó caminando con ayuda de un bastón debido a un accidente jugando al fútbol, clamó ante el juez: «soy inocente y me acusan de forma injusta e indebida».
Hernández arremetió contra la «justicia selectiva de los fiscales» que basaron su acusación «en testimonios» de narcotraficantes interesados en obtener beneficios para su situación carcelaria y «no presentaron ninguna evidencia».
«Apelo al sentido común: ellos (los narcotraficantes) que testificaron en el juicio van a salir libres y yo preso de por vida», dijo tras señalar que eso socava «la credibilidad del sistema judicial» estadounidense.
Desde Honduras, su esposa y sus hijas, que no pudieron acompañar a su esposo porque sus visados quedaron revocados, denunciaron «el linchamiento mediático y judicial» contra el condenado.
«400 toneladas de cocaína»
La fiscalía acusó a Hernández de crear un «narco-estado» y de convertir a Honduras en una «súper autopista» por la que pasaba buena parte de la droga procedente de Colombia.
Entre 2004 y 2022 -desde sus cargos de diputado, presidente del Congreso y luego presidente de la República-, Hernández participó y protegió a una red que envió más de 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos, con un valor en el mercado local de 10.000 millones de dólares, según la fiscalía.
A cambio, habría recibido millones de dólares de los cárteles de la droga, entre ellos del narcotraficante mexicano Joaquín «Chapo» Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos.
Extraditado en abril de 2022 a Estados Unidos, tras dejar la presidencia, a Hernández se le atribuye la famosa frase: «Le vamos a meter la droga a los gringos en sus narices y no se van a dar ni cuenta», según un testigo en un juicio.
Otros inculpados en la misma causa, entre ellos su hermano Tony Hernández o el colaborador cercano de éste Geovany Fuentes, ya quedaron condenados a cadena perpetua en Nueva York.
También en la misma causa, el exjefe de la policía hondureña Juan Carlos Bonilla, conocido como «El Tigre», y el policía Mauricio Hernández Pineda, se declararon culpables de narcotráfico, evitando sentarse en el banquillo de la justicia con el exmandatario.
Desde 2014, medio centenar de hondureños acusados de narcotráfico resultaron extraditados o se entregaron voluntariamente a la justicia de Estados Unidos.
