El gobierno de Honduras desplegó este jueves a miles de policías y militares en todo el país ante un recrudecimiento de los crímenes en las últimas semanas.
El ministro hondureño de Seguridad, Gustavo Sánchez, encabezó la operación en la capital, pero aclaró que la intervención es «a nivel nacional».
Añadió que la medida está encaminada a prevenir «delitos contra la vida, homicidios, asesinatos, robos a mano (armada) y extorsión», además de ejecutar más de 10 órdenes de captura en Tegucigalpa y 50 en el resto del país centroamericano.
Honduras resultó sacudida en las últimas semanas por una ola de crímenes de gran impacto.
El 26 de junio, cinco jóvenes resultaron secuestrados en Tegucigalpa y sus cadáveres aparecieron días después, en un hecho atribuido por la policía a la pandilla Barrio 18.
Además, un grupo de 14 personas y otro de 12 fueron raptados hace tres semanas en el litoral Atlántico, acciones que la policía imputó a una guerra entre bandas de narcotraficantes. Los secuestrados, entre ellos al menos dos mujeres, siguen desaparecidos.
Sánchez también anunció la extensión del estado de excepción por 45 días. La medida está vigente en el país desde el 6 de diciembre de 2022 y su anterior ampliación fue el 19 de mayo.
Leer también: Policía acusa a Bolsonaro de venta ilegal de joyas y falsificar vacunación contra COVID-19
Policías y militares
Esa disposición faculta arrestos sin orden judicial, norma similar a una vigente desde marzo de 2022 en El Salvador, donde se ha logrado una drástica reducción de las actividades de las pandillas.
El ministro Sánchez negó que el estado de excepción haya fracasado en Honduras, como aseguran algunos medios locales.
Argumentó que bajo la medida los arrestos de prófugos aumentaron en 85%, quedaron decomisadas 12.000 armas y detenidos 4.500 miembros de pandillas o carteles de drogas.
«Hemos bajado en dos años ocho puntos en la tasa de homicidios», aseguró el funcionario.
La tasa de homicidios cerró en 2023 en 38 por cada 100.000 habitantes, más de seis veces el promedio mundial, pero inferior a los 42 por cada 100.000 de 2021, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional.
