Un grupo armado no identificado mantiene secuestradas a 13 personas en una zona rural cerca de la frontera entre Colombia y Venezuela, denunciaron este martes la autoridad local y el órgano estatal de derechos humanos.
«Tenemos el secuestro y la desaparición de 18 personas, de las cuales ya fueron encontradas por la Defensoría del Pueblo cinco niños y niñas», dijo a Blu Radio Henry Gallardo, alcalde de Puerto Rondón, un municipio colombiano ubicado a unos 100 kilómetros de Venezuela.
La Defensoría, entidad que vela por los derechos humanos, confirmó que en la zona hay «personas desparecidas (…) a causa de la incursión el pasado 20 de julio de una estructura armada ilegal».
Según Gallardo en la zona hay presencia de insurgentes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de rebeldes que se apartaron del pacto de paz que desarmó a la guerrilla de las FARC en 2017
«Llegaron a las casas y se llevaron (a los pobladores) los grupos que están en el sector. Hasta ahora ninguno» se ha atribuido el rapto, indicó el mandatario local.
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Secuestradas
El ELN mantiene diálogos de paz con el presidente Gustavo Petro, y pactó una tregua que vence en agosto. Una facción de los disidentes de las FARC también negocia con el gobierno bajo un cese al fuego.
La Defensoría encontró a los cinco menores, de entre 2 y 12 años de edad «confinados en una finca en una zona rural de Puerto Rondón», según un comunicado.
Aún «se desconoce el paradero de varios lugareños, entre los que hay menores de edad», agregó la entidad,
Según Gallardo los autores del secuestro «se llevaron (a) los padres y dejaron (a) los niños en la finca El Lucero, no sabemos por qué motivos».
Colombia y Venezuela comparten una porosa frontera de 2.200 kilómetros.
En Puerto Rondón hay un conflicto entre el ELN y los disidentes de las FARC. «Unos dicen que por las vacunas (extorsiones) otros dicen que es por rutas del narcotráfico», señaló el alcalde.
«Las fuerzas militares ya están en el territorio garantizando la seguridad», agregó.
Petro, el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia, intenta desactivar el conflicto armado de seis décadas dialogando con guerrillas y grupos de narcotraficantes armados.
La oposición denuncia que las treguas acordadas con algunas de estas organizaciones han debilitado el orden público.
