Los países miembros de la ONU se reúnen a partir del lunes para concluir un tratado internacional de lucha contra la criminalidad en línea, denigrado tanto por los defensores de los derechos humanos como las grandes empresas tecnológicas por su potencial uso para una excesiva vigilancia.
Esta futura «Convención de Naciones Unidas contra la Cibercriminalidad» nació de una iniciativa de Rusia. En 2017 le envió una carta al secretario general de la ONU con un proyecto de tratado.
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Dos años más tarde, pese a la oposición, sobre todo de Estados Unidos y países europeos, la Asamblea General de la ONU creó un comité intergubernamental para redactar el tratado.
Tratado
Luego de siete rondas de negociación, arrecian las críticas sobre el proyecto de texto que será sometido a la aprobación de los estados miembros al término de esta última reunión de dos semanas en Nueva York.
Aunque la última versión «contiene algunas mejoras», el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos «está preocupado por las importantes deficiencias (y) numerosas cláusulas no respetan las normas internacionales en materia de derechos humanos».
«Estas deficiencias son especialmente problemáticas en el contexto de un uso ya generalizado de las leyes sobre ciberdelincuencia existentes en algunas jurisdicciones para restringir excesivamente la libertad de expresión, atacar a las voces disidentes e interferir arbitrariamente en la privacidad y el anonimato de las comunicaciones», escribió el organismo de la ONU en un documento remitido a las delegaciones.
El proyecto de texto pretende «luchar más eficazmente contra la ciberdelincuencia» y reforzar la cooperación internacional en este ámbito, citando en particular la pornografía infantil y el blanqueo de dinero.
Pero los críticos afirman que el ámbito de aplicación es mucho más amplio, como refleja el subtítulo «delitos cometidos mediante sistemas de información y comunicación».
El texto podría obligar a las autoridades de los países firmantes a «facilitar las investigaciones relacionadas con la homosexualidad, la crítica a un gobierno, el periodismo de investigación, la participación en manifestaciones o la denuncia de irregularidades, siempre que el delito esté castigado con cuatro años de cárcel o más según la legislación nacional del país solicitante», denunció la responsable de la ONG Human Rights Watch, Tirana Hassan.
Vigilancia mundial
«No se equivoquen, el tratado presentado a la ONU para su adopción no es en absoluto un tratado contra la ciberdelincuencia. Se parece más a un tratado de vigilancia mundial», declaró a la prensa.
Aunque se trata de una alianza poco habitual, esta postura es compartida por grandes empresas tecnológicas como Microsoft, partidario de «ningún acuerdo antes que un mal acuerdo».
Nick Ashton-Hart, que encabeza la delegación del Cybersecurity Tech Accord, que reúne a más de 100 empresas del sector, declaró a la AFP que «la mayoría de los países, en particular los países en desarrollo, necesitan más cooperación en materia de ciberdelincuencia».
Para él, esto podría hacerse a través del Convenio de Budapest sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa o de la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
Si no hay mejoras sustanciales, Cybersecurity Tech Accord pedirá a los países que no firmen ni ratifiquen el tratado.
«Y los estados democráticos pueden esperar la oposición del sector privado, en la misma línea que la sociedad civil, si se trata de la ratificación a nivel nacional», advirtió.
Rusia, por su parte, defendió el texto.
«Una atención excesiva a las disposiciones de la convención en materia de derechos humanos obstaculizará considerablemente la cooperación internacional y bloqueará de hecho los trabajos de cooperación entre las fuerzas del orden de los estados», escribió la delegación rusa, que acusa a Occidente de utilizar la cuestión para «politizar los debates».
