Activistas de derechos humanos en Venezuela encendieron alertas por la nueva ley de fiscalización de oenegés, aprobada el jueves por el Parlamento, al considerar que «profundizará la persecución» de críticos del presidente izquierdista Nicolás Maduro en medio de denuncias de fraude en su reelección.
El unicameral parlamento, controlado por el gobernante chavismo, votó unánimemente a favor de esta ley que ordena a las Organizaciones No Gubernamentales a inscribirse en un registro que será manejado por el Ministerio de Interior y hacer una «relación de donaciones» para su funcionamiento, en la que deben precisar si los fondos vienen de fuentes nacionales o extranjeras.
Ley de oenegés
Forma parte de un paquete legislativo solicitado por Maduro tras la crisis por las denuncias de fraude en su reelección el pasado 28 de julio. Protestas que estallaron la noche de los comicios dejaron 25 muertos -dos de ellos militares-, casi 200 heridos y más de 2.400 detenidos.
Es «un golpe que busca finalmente controlar hasta el más mínimo ámbito de la vida de las personas y el país (…), amenazando con disoluciones y multas millonarias a las ONG que ya estamos consolidadas y cumplimos decenas de leyes e impuestos», criticó en un comunicado en la red social X la organización de derechos humanos PROVEA.
«Alertamos a la comunidad internacional sobre esta Ley que profundizará la persecución a las voces disidentes y silenciará el espacio cívico».
La ONG Acceso a la Justicia, por su parte, consideró en X esta ley como un «golpe definitivo contra la sociedad civil organizada y el espacio cívico en Venezuela».
Espacio Público, dedicada a la defensa de la libertad de expresión, sostuvo que se trata de «una norma que concreta la criminalización de las organizaciones de la sociedad civil».
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«Línea de defensa»
Las oenegés han sido claves en las denuncias de violaciones de derechos humanos en Venezuela, entre la opacidad de las fuentes oficiales.
Son a la vez blanco frecuente de ataques de altos funcionarios del gobierno, que suelen acusarlas de funcionar como «fachadas» para conspirar contra Maduro con financiamiento de Estados Unidos y otros países.
Esta ley, de hecho, se la planteó en enero de 2023 por el poderoso dirigente chavista Diosdado Cabello. En su momento, acusó a más de 60 oenegés de «desestabilizar» el país. La aprobación quedó pospuesta en dos ocasiones en medio de críticas.
«Busca eliminar una línea de defensa que tienen los venezolanos, que en estos 25 años (de chavismo) ha acompañado a las víctimas», comentó a la AFP el abogado de derechos humanos Eduardo Torres.
«Aprueban esta ley en un contexto de profundización de la represión poselecciones», expresó Torres.
El incumplimiento de la nueva ley implica multas que pueden llegar a 10.000 dólares.
Hay normas similares en la región en Cuba, Nicaragua, Guatemala y Bolivia.
«Campañas de odio»
El paquete de leyes pedido por Maduro incluye también una para «castigar» al «fascismo», término con el que el oficialismo suele calificar a sus detractores.
Se planteó igualmente en la Asamblea Nacional una ley de redes sociales, que según Maduro se utilizan para generar violencia y lanzar «campañas de odio». El mandatario ordenó suspender X por 10 días y promueve un boicot contra WhatsApp.
Plataformas de información y entretenimiento quedaron bloqueadas por proveedores de Internet.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, había instado a las autoridades a frenar la aprobación de «leyes que socaven el espacio cívico y democrático» y expresó preocupación por las masivas detenciones.
Su portavoz, Ravina Shamdasani, describió un «clima de miedo» en el que «es imposible aplicar los principios democráticos y defender los derechos humanos».
