El opositor venezolano Edmundo González Urrutia faltó el lunes a una comparecencia ante la fiscalía, que volvió a citarlo para el martes en medio de una investigación penal en su contra tras denunciar fraude en las elecciones del 28 de julio.
González Urrutia -en la clandestinidad desde hace tres semanas- reivindica su victoria en los comicios en los que el presidente Nicolás Maduro fue proclamado para un tercer mandato consecutivo con el 52% de los votos.
«Citado por segunda vez Edmundo González para que asista este martes al Ministerio Público», escribió el fiscal Tarek William Saab en un mensaje a la AFP, que acompañó con una copia de la boleta de citación, que lo convoca a las 10h00 locales (14h00 GMT).
González
Amenazado de cárcel por Maduro, González es investigado por la presunta comisión de delitos como «usurpación de funciones» y «forjamiento de documento público».
González calificó el domingo a Saab de «acusador político».
«Condena por anticipado y ahora impulsa una citación sin garantías de independencia y del debido proceso», comentó en un video en redes sociales este diplomático de 74 años, quien reivindica su triunfo en las urnas.
«El Ministerio Público pretende someterme a una entrevista sin que se precise en qué condición se espera que comparezca (imputado, testigo o experto según la ley venezolana) y precalificando delitos no cometidos», continuó González, quien apareció por última vez en público dos días después de los comicios, en una manifestación opositora en Caracas.
Desde entonces, se limita a pronunciamientos vía internet.
Maduro le tildó de «cobarde», mientras que Saab lo responsabiliza junto a la dirigente opositora María Corina Machado por hechos de violencia en protestas poselectorales que dejaron 27 muertos -dos de ellos militares-, casi 200 heridos y más de 2.400 detenidos.
«Irregularidades»
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El Consejo Nacional Electoral (CNE), de línea oficialista, proclamó a Maduro reelecto para un tercer mandato de seis años, con 52% de los votos, sin publicar el escrutinio mesa por mesa como exige la ley. Alega que su sistema quedó jaqueado.
La oposición asegura que González Urrutia ganó con 67% de los sufragios, según copias de actas que divulgó en la web y que el chavismo califica de «forjadas».
Ante un recurso de Maduro, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) convalidó el 22 de agosto los resultados y acusó de «desacato» a González por negarse a ir a las audiencias. El opositor argumentó «indefensión».
Uno de los directivos del CNE, Juan Carlos Delpino, que representaba a la oposición en el organismo, denunció «irregularidades» en la elección del 28 de julio
«Todo lo ocurrido antes, durante y después de la elección presidencial señalan la gravedad de la falta de transparencia y veracidad de los resultados anunciados», escribió Delpino, quien dijo no haber estado presente en el momento de la totalización de los resultados.
También pasó a la clandestinidad.
¿30 años de cárcel para González?
La citación de González se anunció el sábado en el marco de una investigación por «usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración», según un documento divulgado por la fiscalía.
El abogado Joel García, que defiende a opositores encarcelados, advirtió que «por todo ese catálogo de delitos, la pena pudiese llegar a 30 años», la máxima en el país.
García denunció «vicios» en la citación, que convoca a González a «rendir entrevista» sin aclarar «en calidad de qué se lo cita».
«Pareciera que es imputado (…). Si es así (…), debe comparecer acompañado de su defensa. Entonces el citado va a los tribunales y en un tribunal de control se designa a su defensor y es cuando puede acudir», dijo el jurista a la AFP. «De no ser así, sería nula cualquier cosa que pudiese declarar», añade.
Si un imputado deja de comparecer, la fiscalía podría solicitar a un tribunal una orden de arresto.
«Acta mata sentencia»
Machado llamó a protestas para el próximo miércoles, cuando se cumple un mes de la elección.
Una misión de la ONU que evalúa la situación de derechos humanos en Venezuela, puso en tela de juicio la independencia del CNE y el TSJ. Estados Unidos, 10 países de América Latina y el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, rechazaron la sentencia de la corte suprema.
En esfuerzos por una negociación entre Maduro y la oposición, los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de Colombia, Gustavo Petro, insistieron en un comunicado conjunto en que deben publicarse resultados «desglosados y verificables».
El TSJ exhortó al CNE a publicar «resultados definitivos», sin pedir detalle mesa por mesa.
