¿Una decisión drástica pero necesaria o pura censura? La suspensión de la red social X en Brasil ahondó el debate sobre los límites de la libertad de expresión en las redes sociales, en momentos en que otros países buscan también poner coto a redes como Telegram o TikTok.
El antiguo Twitter dejó de funcionar el 31 de agosto en el mayor país de América Latina por orden del juez de la corte suprema Alexandre de Moraes, que acusó a la empresa propiedad del multimillonario Elon Musk de desinformar e incumplir reiteradamente sus decisiones.
El bloqueo afectó a 22 millones de usuarios del foro virtual que empezaron a migrar a redes menores, como Bluesky y Threads, so pena de enfrentar cuantiosas multas.
«Claramente Brasil se unió al debate global sobre redes sociales y libertad de expresión», afirma Carl Tobias, profesor de Derecho de la Universidad de Richmond, en Estados Unidos.
La disputa de Musk y la justicia brasileña «refleja preocupaciones similares sobre cuál es la mejor forma de regular» estas plataformas que hay actualmente en Estados Unidos y Europa, agrega.
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En Francia, el fundador y jefe de Telegram, Pavel Durov, fue inculpado a finales de agosto por publicar contenidos ilegales en su aplicación, mientras que TikTok enfrenta en la justicia estadounidense acusaciones de violar la privacidad de sus usuarios menores de edad.
Luego de su salida de Brasil, X podría enfrentar por su parte un destino similar en la Unión Europea, que evalúa multas millonarias y hasta la suspensión temporal del servicio por posibles violaciones a una nueva ley que busca acabar con los espacios sin ley en internet.
MUSK, ‘PROBLEMA LEGAL’
Para Tobias, en el centro del debate está el «equilibrio» entre el combate a la desinformación y el discurso de odio, y el respeto a la libertad de expresión, en un contexto en que las plataformas digitales tienen un gran impacto en la sociedad.
Además de hacer campaña por el republicano Donald Trump en Estados Unidos, Musk se inmiscuye en el debate político de otros países y aporta su apoyo a la derecha y extrema derecha en Gran Bretaña o Brasil.
«Elon Musk es un problema global», asegura Afonso de Albuquerque, para quien también se trata de una pugna entre «la soberanía de los Estados frente el poder de los multimillonarios».
El magnate estadounidense «compró Twitter y lo transformó en un proyecto político, que tiene que ver con su inserción dentro de un circuito de extrema derecha», según este profesor en Comunicación en la Universidad Federal Fluminense de Río de Janeiro.
En nombre de la lucha contra la desinformación, Moraes acusó al antiguo Twitter de desestimar las órdenes judiciales de bloquear cuentas de figuras influyentes de los movimientos ultraconservadores ligados al expresidente Jair Bolsonaro.
‘ASESINO DE LA DEMOCRACIA’
Su decisión fue aplaudida por la izquierda liderada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y criticada por la oposición derechista.
«¿Quién se piensa que es?», dijo Lula en alusión a Musk.
La democracia «no es el derecho de mentir, de expandir el odio ni atentar contra la voluntad del pueblo», afirmó también el presidente.
El magnate quiere «colonizar digitalmente Brasil», criticó a la AFP el diputado Elvino Bohn Gass, del Partido de los Trabajadores, de Lula.
En cambio, miles de bolsonaristas bramaron el sábado contra Moraes en una manifestación en Sao Paulo para defender la «libertad», en la que su líder llamó al juez de «dictador».
Allegados de Bolsonaro desafiaron la prohibición y siguieron publicando en X, como su hijo Eduardo, diputado federal, quien acusó a Moraes de «asesinar la democracia».
¿MOTIVACIÓN POLÍTICA?
En esta controversia, la población además de estar dividida, no ve solo una cuestión judicial.
Una mayoría de brasileños (56,5%) ve una «motivación política» en la decisión de Moraes y estima que las acciones de la corte sobre X «debilitaron la democracia» (54,4%), según una encuesta de AtlasIntel entre más de 1.600 entrevistados.
Pese a todo, casi la mitad (49,7%) da la razón a Moraes frente a Musk.
El debate también da qué hablar más allá de Brasil.
Aunque juzgó «lamentable» el bloqueo por afectar la labor periodística, la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) lo consideró «justificado» debido a las negativas de la red a responder los pedidos de las autoridades.
En cambio, el semanario liberal The Economist estimó que la justicia brasileña fue demasiado lejos al poner freno a la libertad de expresión, en un contexto en que también las «democracias ricas» están recurriendo cada vez más «a las tijeras de la censura».
