Para combatir eficazmente los incendios que asolan Brasil, «las penas contra los delitos ambientales deben ser revisadas» para endurecerlas, afirma Humberto Freire, director de la Policía Federal encargado del Medio Ambiente y la Amazonía, en una entrevista con la AFP.
El fuego que arrasa desde la Amazonía hasta las regiones de Sao Paulo y Río de Janeiro desde hace semanas se está propagando fácilmente debido a una sequía excepcional relacionada en parte con el calentamiento global, según los expertos.
Pero su origen se encuentra principalmente en «la acción humana», sostiene el gobierno.
Los incendios son a menudo consecuencia de la actividad agrícola y de la práctica tradicional de quemar para limpiar los pastos o las zonas deforestadas. Esta costumbre, que en tiempos normales sólo es permitida previa autorización, ha sido formalmente prohibida en Brasil durante este período de sequía.
Pero Freire apunta también al «crimen organizado», que «intenta aprovechar esta larga sequía para apropiarse de tierras» quemando vegetación nativa para transformarla en pastos.
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Los satélites del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) detectaron 59.641 incendios en Brasil desde principios de septiembre, cifra que supera con creces el total de todo este mes registrado el año pasado (46.498).
PREGUNTA: ¿Cuáles son las principales motivaciones detrás de los incendios provocados?
RESPUESTA: «Está la motivación económica, de aprovechar el período de gran sequía para despejar áreas, para intentar un delito posterior, como apropiarse de esas tierras.
Existe la posibilidad de que (los autores) quieran ver simplemente caos. Hemos visto señales de posibles acciones coordinadas, como varios de estos incendios que se han desatado casi al mismo tiempo en zonas cercanas.
Podrían ser incluso acciones coordinadas para desestabilizar zonas (…) agotando los recursos de las fuerzas de respuesta, los bomberos.»
P: ¿Cuántas investigaciones existen hasta ahora y cuántas detenciones?
R: «La Policía Federal ha abierto más de 50 investigaciones, pero el número está en evolución y la tendencia es que aumente.
Aún no hemos realizado arrestos en el marco de estas investigaciones, aunque hemos recibido informes de detenciones de sospechosos por parte de las fuerzas policiales locales» (que no dependen del gobierno de Brasilia sino que están bajo la responsabilidad de diferentes estados brasileños).
P: ¿Cómo explicar esta percepción de impunidad ante la magnitud de estos incendios que afectan de alguna manera casi dos tercios del territorio brasileño?
R: «Los delitos medioambientales, a lo largo de los años, de las décadas, han evolucionado, pero nuestra legislación, lamentablemente, no ha seguido el ritmo de esta evolución. Y estamos viendo esta emergencia climática en todo el mundo.
A menudo, los delitos medioambientales se tratan como menos importantes, menos graves, pero es hora de tener un debate sobre sus consecuencias perjudiciales, que afectan a toda la humanidad y que pueden provocar muchas muertes.
Lamentablemente, la legislación, por ser indulgente, a veces no proporciona las condiciones legales y medios de investigación necesarios.»
P: ¿Cómo acabar con esta impunidad?
R: «Tenemos que hacer un trabajo inicial de correlacionar los delitos ambientales con otros delitos, como el crimen organizado, el lavado de dinero, para fortalecer esta evidencia y las penas vinculadas.
El crimen organizado ha visto que los delitos medioambientales son muy rentables, mientras la legislación sigue siendo suave y prevé penas bajas.
Por ejemplo, la minería ilegal de oro conlleva una pena de seis meses a un año de cárcel. Los incendios, de dos a cuatro años. Dependiendo de los antecedentes y condiciones del delincuente, puede que ni siquiera cumpla prisión efectiva. Y es posible que cuando acabe la investigación, el delito haya prescrito.
Por eso, las penas para los delitos ambientales deben ser revisadas.»
