El gobierno venezolano repudió la ‘írrita’ y ‘ridícula’ orden de captura emanada por la justicia argentina contra el presidente Nicolás Maduro acusado de violar los derechos humanos.
El lunes, la Cámara Federal de Buenos Aires decidió el arresto de Maduro, con alerta roja de Interpol, bajo el principio de jurisdicción universal.
«Venezuela repudia la írrita decisión de una instancia del desprestigiado poder judicial argentino», señaló el ministerio de Relaciones Exteriores venezolano en un comunicado.
Apuntó que el fallo «carece de fundamentos de competencia y violenta la jurisdicción de los Estados y las inmunidades y privilegios que gozan los presidentes y altos funcionarios».
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La justicia venezolana emitió previamente una orden de arresto contra el presidente argentino Javier Milei y dos altos funcionarios de su gobierno, imputándole el ‘robo’ de un avión de carga que fue decomisado en Argentina en 2022 y entregado este año a Estados Unidos.
La orden contra Maduro y funcionarios de su gobierno fue solicitada por oenegés y fiscales federales argentinos como parte de una causa por crímenes de lesa humanidad.
La corte determinó la existencia de «un plan sistemático de represión, desaparición forzada de personas, tortura, homicidios y persecución contra una porción de la población civil, desarrollado -cuanto menos– desde el año 2014 hasta el presente».
El gobierno venezolano criticó la ‘ridícula decisión’, que «busca apuntalar la progresiva destrucción del Estado de Derecho Internacional, pretendiendo subrogarse en las competencias de los organismos multilaterales, disminuyendo su papel».
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, destacó en una rueda de prensa el martes que desde 2017 fueron imputados en el país más de 2.500 funcionarios de seguridad por «vulneraciones a los derechos humanos», con 581 condenas.
«No tenemos doble moral», insistió. «Investigamos las violaciones de derechos humanos que ocurren en nuestro país como un asunto de Estado».
«¿Qué ha hecho la justicia argentina con respecto a la violación de derechos humanos? ¡Nada!», señaló el fiscal. No es de su competencia «procesar casos de violaciones de derechos humanos en Venezuela».
