El gobierno de Daniel Ortega expulsó a Guatemala al obispo Carlos Herrera, presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), informaron este jueves el gobierno guatemalteco y una fuente de la Iglesia.
Monseñor Herrera, de la diócesis de Jinotega (norte de Nicaragua) y presidente de la CEN desde 2021, es el tercer obispo expulsado tras Rolando Álvarez, de Matagalpa (norte). E Isidoro Mora, de Siuna (noreste), que estuvieron encarcelados y fueron acogidos en Roma.
Herrera «ingresó de manera regular anoche [miércoles] en un vuelo comercial», dijo el gobierno de Guatemala en un breve mensaje enviado a la AFP, en el que precisó que «de momento» no ha recibido una «solicitud de asilo» de parte del religioso.
«Él fue expulsado a Guatemala», aseguró a la AFP desde el exilio un miembro de la Iglesia católica de Nicaragua. Al ratificar información de opositores y medios nicaragüenses en Costa Rica.
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Conferencia Episcopal
Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, acusan a la Iglesia de haber apoyado las protestas de 2018 que dejaron más de 300 muertos, según la ONU. Y que ellos consideran un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington.
Según medios de prensa que trabajan desde el exilio en Costa Rica y Estados Unidos, monseñor Herrera fue «desterrado». Por criticar la bulla que se hacía en una actividad de la alcaldía de Jinotega. Mientras él celebraba misa al lado en la catedral, el pasado 10 de noviembre.
El gobierno nicaragüense no se ha pronunciado hasta ahora sobre esas versiones.
«Valiente obispo Carlos Enrique Herrera Gutiérrez denuncia atropellos sacrílegos del alcalde orteguista de Jinotega, Nicaragua». Así escribió en Facebook José Canales, obispo de la ciudad hondureña de Danlí (cerca de la frontera con Nicaragua).
Ortega, exguerrillero de 78 años que gobernó Nicaragua en la década de 1980. Está en el poder desde 2007, Estados Unidos lo señala. También por la Unión Europa y países de América Latina de haber instaurado una autocracia en el país.
Atropello a la fe
Según un informe publicado hace dos semanas por la ONG Colectivo Nicaragua Nunca Más, desde Costa Rica, más de 50 religiosos fueron desterrados por el gobierno desde 2018. Al menos 74 estuvieron detenidos y se despojó de su nacionalidad a 35 de ellos, agregó.
«Continúa la represión contra la Iglesia en Nicaragua», lamentó en X el salvadoreño-español José María Tojeira, portavoz de los jesuitas en América Central.
Agregó nunca haber visto en la región «una persecución tan sistemática a la fe» cristiana.
«Hacemos un llamado a la comunidad internacional y a los organismos de derechos humanos a denunciar este atropello y a exigir respeto a la fe y sus representantes en el país». Eso señaló en un comunicado la Fundación para la Libertad de Nicaragua.
En su cuenta en X, el activista opositor Lesther Alemán, exiliado en Estados Unidos, lo calificó como una «acto cobarde de la dictadura contra la Iglesia».
«El destierro de monseñor Herrera de forma arbitraria y clandestina sigue evidenciando la persecución. De la cual es víctima la Iglesia Católica por parte de la dictadura», escribió la Alianza Universitaria Nicaragüense.
Denuncia
Félix Maradiaga, exaspirante presidencial que estuvo preso y se exilió en Estados Unidos. Aseguró que tras la denuncia de Herrera contra la alcaldía «suspendieron las cuentas de redes sociales de la diócesis».
«Este es otro ataque contra la libertad religiosa y la dignidad humana en Nicaragua, y exige la atención y condena internacional», aseveró.
El gobierno ha confiscado propiedades y bienes de organizaciones religiosas. Tras el endurecimiento de las leyes para controlar la actividad y origen de los fondos de las oenegés, de las cuales ha cerrado unas 5.600.
Señalados de «traición a la patria», unos 450 políticos, empresarios, periodistas, intelectuales, activistas de derechos humanos. Así como religiosos expulsados de Nicaragua. Y despojados de su nacionalidad desde febrero de 2023.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU presentará el viernes su informe sobre Nicaragua en Ginebra.
Expertos de la ONU acusan al gobierno de Nicaragua de «crímenes de lesa humanidad».
