El Congreso de Nicaragua aprobó este viernes una reforma constitucional que otorga al presidente Daniel Ortega y a su esposa Rosario Murillo, como ‘copresidenta’, un control absoluto de los poderes del Estado.
La Asamblea Nacional (legislativo), controlada por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda), aprobó «por unanimidad» la iniciativa presentada el martes por el mandatario, anunció el jefe parlamentario Gustavo Porras ante el plenario.
La polémica reforma amplía el mandato presidencial de cinco a seis años, y confirma el poder que ya tiene Murillo al igualarlo al de Ortega, pues eleva su rango de vicepresidenta a copresidenta.
El texto concede un poder total al Ejecutivo pues establece que los copresidentes coordinarán «a los órganos legislativo, judicial, electoral, de control y fiscalización, regionales y municipales», que antes la Constitución reconocía como independientes.
Ortega, exguerrillero de 79 años que gobernó Nicaragua en la década de 1980 tras el triunfo de la revolución sandinista, volvió al poder en 2007. Desde entonces, señalan sus críticos, ha instaurado una «dictadura» y el «nepotismo» junto a su esposa, seis años menor.
«La reforma formaliza la decisión de garantizar la sucesión presidencial de Murillo y su hijo Laureano Ortega», dijo a AFP Manuel Orozco, analista nicaragüense de Diálogo Interamericano, al señalar que los copresidentes podrán nombrar a alguno de sus hijos como vicepresidente, antes un cargo de elección popular.
Ambos radicalizaron sus posturas y aumentaron el control sobre la sociedad nicaragüense tras las protestas de 2018, cuya represión dejó 320 muertos según la ONU, consideradas por el gobierno un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington.
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Estado ‘rojinegro’
La iniciativa, que será ratificada en una segunda legislatura en enero -dijo Porras- por tratarse de la Constitución, desató una ola de rechazos de los nicaragüenses en el exilio y organismos internacionales, a la que se sumó Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos (OEA).
En la reforma, Nicaragua es definida como un Estado ‘revolucionario y socialista’, e incluye entre los símbolos patrios la bandera rojinegra del FSLN, exguerrilla bajo cuyo liderazgo una insurrección popular derrocó al dictador Anastasio Somoza en 1979.
Para Azahálea Solís, experta en derecho constitucional, eso deja por fuera proyectos políticos de otras ideologías, en tanto que Salvador Marenco, abogado de derechos humanos exiliado en Costa Rica, aseguró que, además del fin de la separación de poderes, acaba el pluralismo político.
«Todo lo que está ahora en la reforma es lo que, de hecho, ha estado pasando en Nicaragua: una dictadura de facto. Lo nuevo es que ahora estará en la Constitución», aseguró a la AFP la excomandante guerrillera Dora María Téllez, quien estuvo presa y vive exiliada en Estados Unidos.
‘Traidores a la patria’
La reforma establece que el Estado ‘vigilará’ a la prensa y a la Iglesia para que no respondan a «intereses extranjeros», y en el caso de las empresas para que no apliquen sanciones como las que Estados Unidos ha impuesto a Nicaragua.
También oficializa el retiro de la nacionalidad nicaragüense a los considerados ‘traidores a la patria’, como hizo el gobierno con unos 450 críticos y opositores en los últimos años.
La Constitución reformada también crea una ‘Policía Voluntaria’, integrada por civiles, como «cuerpo auxiliar y de apoyo» a las fuerzas de seguridad, lo que hace referencia a lo ocurrido en 2018.
Durante las protestas, hombres encapuchados y fuertemente armados, que el gobierno llamó el «pueblo», intervinieron para levantar las trincheras que montaron universitarios y controlar a los manifestantes.
Esta reforma «representa un nuevo hito en la consolidación de un modelo totalitario que atenta despiadadamente contra la democracia y los derechos fundamentales», aseguró Félix Maradiaga, excandidato presidencial, exiliado en Estados Unidos.
La iniciativa cambia la Constitución de 1987, reformada en unas docena de ocasiones por los diputados afines a Ortega, incluida la que estableció la reelección presidencial indefinida.
