Un grupo de expertos de Naciones Unidas ha alertado sobre las «nefastas consecuencias» de la reforma constitucional aprobada por la Asamblea Nacional de Nicaragua, que permite al presidente Daniel Ortega obtener «un poder prácticamente ilimitado».
«Con esta reforma, la duodécima desde que Daniel Ortega regresó a la Presidencia en 2007, el actual Gobierno aparentemente pretende legalizar y consolidar su control irrestricto del poder», ha detallado el presidente del grupo, Jan-Michael Simon.
La medida afecta a más de un centenar de artículos de la Carta Magna y, por ejemplo, establece la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) como un símbolo oficial de Nicaragua, mientras que también formaliza a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, como «copresidenta».
Lea: Rosario Murillo, la todopoderosa ‘copresidenta’ de Nicaragua
Reforma constitucional
La enmienda amplía el mandato presidencial de cinco a seis años y elimina la prohibición sobre la censura de la prensa en la Carta Magna. Asimismo, establece que todos los derechos fundamentales pueden suspenderse durante un estado de emergencia. También rebaja las condiciones para que el Gobierno pueda utilizar al Ejército por motivos de «seguridad».
El texto, que tiene un lenguaje «vago» y permite a Ortega arrogarse más competencias, elimina la referencia explícita al pluralismo político en la Constitución. Para el grupo de expertos la ley busca «la disolución ‘de facto’ de la separación» y la «independencia» de los distintos poderes del Estado.
«El nuevo texto ya no se refiere explícitamente a ‘poderes’, sino simplemente a ‘organismos’. Y establece que éstos deben ser ‘coordinados’ por la Presidencia». Eso ha alertado, instando a la comunidad internacional a presionar al país para que retire la ley.
