La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Colombia por violar derechos del pueblo indígena u’wa, al autorizar proyectos extractivos de petróleo, gas y minerales en su territorio ancestral.
«Colombia (es responsable) por la violación a los derechos a la propiedad colectiva, la participación política, el acceso a la información, la participación en la vida cultural, el medio ambiente sano» y otros derechos «en perjuicio del pueblo indígena u’wa», señaló la Corte IDH en su sentencia.
El tribunal, con sede en San José, explicó en su fallo que el Estado de Colombia no debió autorizar siete proyectos de explotación en las cercanías y en el interior de la reserva del Resguardo Indígena Unido u’wa, creada en 1999 en la zona de la Sierra Nevada de Cocuy, a unos 370 km al noreste de Bogotá.
Agregó que desde el 2000 los indígenas han denunciado la presencia en la zona de «miembros del Ejército y otros actores armados en el territorio» que han protagonizado «actos de intimidación, hechos de violencia, y afectaciones a la cultura y el medio ambiente» de la comunidad.
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Pese a más de 23 años desde la creación de esa reserva, todavía no se concluye el proceso de delimitación, demarcación y titulación de los territorios protegidos en favor del pueblo u’wa, lo que consitituye una «violación a su derechos a la propiedad colectiva», remarcó la sentencia.
Colombia incurrió en ‘falencias’ en el proceso de consulta a la comunidad antes de autorizar los proyectos extractivos, pese a ser «susceptibles de tener un impacto directo en los derechos del pueblo u’wa», agregó.
«Las acciones y omisiones en este último extremo constituyeron una violación al derecho a la propiedad colectiva, el derecho a la participación, el derecho al acceso a la información y a la participación en la vida cultural del pueblo u’wa», concluyó.
El tribunal ordenó entre otras medidas de reparación ajustar la propiedad de los títulos de los territorios en favor del pueblo u’wa, mitigar los daños ambientales causados por los proyectos de extracción minera y energética y garantizar la participación de los indígenas en la toma de decisiones de acciones en su territorio.
