La presidenta de Perú, Dina Boluarte, comparece este lunes ante fiscales que la investigan por el presunto delito de abandono de cargo y omisión de actos funcionales, debido a que no habría informado al gabinete ministerial y al Congreso que se sometería a una cirugía de nariz en julio del 2023.
La diligencia que puede prolongarse por varias horas se realiza en reserva desde poco después de las 09h00 locales (14h00 GMT) en la sede central de la fiscalía, en Lima.
Es la primera vez que Boluarte acude a declarar por esta causa, que podría derivar en un potencial pedido de destitución desde el Congreso.
La causa se abrió el pasado 5 de diciembre luego que el exjefe de gabinete Alberto Otárola y brazo derecho de la presidenta reveló ante una comisión del Congreso que Boluarte se sometió a una cirugía de nariz en julio de 2023 sin informar al parlamento como pide la ley ante el riesgo de una complicación de salud.
La fiscalía debe determinar si Boluarte, de 62 años y abogada, incurrió en el «delito de abandono de cargo y omisión de actos funcionales».
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Cirugía de nariz
«Los hechos están referidos a la omisión de comunicar el impedimento temporal para el ejercicio del cargo de Presidenta de la República al Consejo de Ministros y al Congreso, del 29 de junio al 9 de julio (2023) como consecuencia de un procedimiento quirúrgico al que fue sometida», indicó la fiscalía cuando abrió el caso.
La presidenta peruana confirmó en un mensaje al país el 13 de diciembre de 2024 que se sometió a una cirugía de nariz en 2023, de la que no informó previamente, porque era necesaria para su buen estado de salud.
«No fue una intervención estética, fue una intervención necesaria e imprescindible para mi salud. Lo necesitaba por funcionalidad respiratoria», indicó entonces Boluarte.
La operación no le generó ningún tipo de incapacidad o impedimento para ejercer sus funciones como presidenta, alegó en esa oportunidad.
La cirugía de Boluarte era la comidilla de todos los días en redes sociales y la prensa local desde el año pasado.
A raíz de ello, el gobierno denunció intentos de «quebrar el orden constitucional» desde el Congreso. Tildó de «desleal» al exjefe de gabinete Otárola, a quien Boluarte destituyó en marzo por un presunto escándalo sexual y tráfico de influencias.
La presidenta, que carece de bancada y tiene una desaprobación de casi 94% en los sondeos, ha descartado renunciar por este caso. Afirmó en diciembre que «saldrá por la puerta grande de Palacio», cuando concluya su mandato en julio de 2026.
