Desde Nicaragua, Venezuela pasando por Haití, Cuba, Ecuador, El Salvador, Perú o Argentina, el deterioro democrático en América Latina fue ‘rápido’ en 2024, según la ONG Human Rights Watch (HRW) que publicó su informe anual sobre los derechos humanos en el mundo.
El informe mundial 2025, en el que a lo largo de cerca de 550 páginas HRW repasa la situación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en más de un centenar de países, recuerda que la ‘reticencia cobarde’ de muchos gobiernos para defender a los más pobres supone la ‘erosión’ de las normas internacionales.
El regreso, este lunes, de Donald Trump a la Casa Blanca puede agravar la situación, advierte HRW.
En América Latina, lejos de mejorar, ‘avanzó de manera rápida’ el autoritarismo y el deterioro de la democracia, junto con la corrupción, la pérdida de independencia judicial y el crecimiento del ‘fenómeno paralelo’ del crimen organizado, dice a la AFP Juanita Goebertus, directora para la región de HRW.
Aunque no es lo mismo la situación de Venezuela, Cuba y Nicaragua a la de Haití, país tomado por pandillas criminales que siembran el terror ante la ‘ausencia absoluta de un Estado’.
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Revocación de la ciudadanía
En Nicaragua, la férula dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo «amplió el uso del exilio forzoso y la revocación de la ciudadanía como formas de perseguir a los críticos», agrega.
Desde 2018 el gobierno ha cerrado más de 5.600 ONG y 58 medios de comunicación, así como universidades. Más de 263 periodistas han huido del país, de ellos 26 en los primeros seis meses del año pasado.
HRW alerta que en México, a la violencia extrema del crimen organizado se suma el «abuso generalizado por parte de agentes estatales con casi total impunidad».
Asimismo alerta de los recientes cambios constitucionales para reforzar el papel del ejército en las labores policiales y revisar el sistema de justicia, podrían «perpetuar los abusos y socavar gravemente el Estado de derecho».
En Colombia, los abusos de los grupos armados, el acceso limitado a la justicia y los altos niveles de pobreza, en particular en el ámbito rural, y las comunidades indígenas y afrodescendientes preocupan también a los autores del informe, pese a que destacan la reciente ratificación del acuerdo de Escazú por el gobierno de Gustavo Petro.
En el Perú de Dina Boluarte, la presidenta «hizo poco o ningún esfuerzo» para detener los ataques perpetrados por el Congreso que aprobó leyes que «socavan la independencia judicial, debilitan las instituciones democráticas y obstaculizaron las investigaciones sobre el crimen organizado, la corrupción y las violaciones de los derechos humanos», sostiene el informe.
De Guatemala achaca la falta de independencia judicial al proceso de selección de los que deben impartir la justicia y a las injerencias políticas que benefician a los poderosos.
En Argentina, el primer año del gobierno de Javier Milei se ha caracterizado por ‘nuevos desafíos’ a los derechos humanos, obstáculos para el ejercicio de la libertad de expresión y reunión y la retórica oficial hostil contra periodistas y la comunidad LGBTI, sostiene.
Por su parte, Honduras sigue luchando contra la corrupción generalizada, un poder judicial comprometido, altos niveles de violencia y ataques contra los defensores del medio ambiente.
‘Respuestas ineficaces’
Aunque la llegada de Luiz Inacio Lula da Silva a la presidencia de Brasil ha supuesto una luz de esperanza con la caída de 30% de la deforestación de la Amazonía, o la aprobación de leyes para proteger los derechos digitales de la infancia, la policía había matado hasta septiembre a 4.565 personas, más de 80% negros.
A las amenazas para los derechos humanos se suma la «mayor sofisticación e internalización» del crimen organizado y las ‘muy ineficaces’ respuestas gubernamentales, recuerda Goebertus.
Es el caso del «populismo punitivo» que practica El Salvador, donde en dos años y medio se ha detenido a 83.000 personas y 300 han muerto en la cárcel, «sin que haya habido un proceso de investigación» interno.
O en Ecuador, que lleva un año en estado de excepción aumentando los casos «de excesos de uso de la fuerza, torturas, desapariciones, y ejecuciones extrajudiciales».
«Tenemos políticas cortoplacistas de mano dura basadas en el encarcelamiento masivo, pero sin capacidad real de investigación técnica judicial para develar estructuras», lamenta la experta, que pide «inversiones a más largo plazo» para «fortalecer nuestra capacidad de administración de justicia real».
