Después de un año de negociaciones complicadas, el Gobierno de izquierdas español dio su visto bueno el martes a la reducción de 40 a 37,5 horas de la semana laboral, sin la seguridad de contar con una mayoría para aprobar el texto en el Parlamento.
«Es un día histórico» porque «han transcurrido más de 41 años» desde la última reducción de «la jornada laboral en nuestro país», declaró, en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, líder del partido de extrema izquierda Sumar, que gobierna con los socialistas.
«La reducción de la jornada laboral va a servir para mejorar la productividad en nuestro país (…) No se trata de echar [acumular] horas en el trabajo, se trata de ser eficientes en el trabajo», añadió la ministra, que se encargó de liderar esta reforma emblemática del Gobierno de izquierdas.
El texto adoptado el martes por el Consejo de Ministros resulta de un acuerdo firmado el 20 de diciembre con los dos principales sindicatos de trabajadores, UGT y CCOO, pero sin las organizaciones patronales, que decidieron a mediados de noviembre abandonar la mesa de negociaciones, después de once meses de reuniones infructuosas.
Estas últimas se preocupan por el impacto de la reforma en la competitividad española. Estiman que no todos los sectores de actividad están en igualdad de condiciones y que una reducción generalizada de la jornada laboral podría debilitar a algunas empresas.
Un argumento rechazado por Yolanda Díaz, que insistió en la solidez de la economía española, con un crecimiento de 3,2% el año pasado. «Tenemos más ocupación que nunca, tenemos más crecimiento económico que nunca», sostuvo.
En el programa de gobierno sellado en octubre de 2023, Sumar y el Partido Socialista (PSOE) se comprometieron a reducir de 40 a 37,5 horas la duración legal de la jornada laboral semanal antes del 31 de diciembre de 2025, sin pérdida de salario.
Esta reducción afecta a cerca de 12 millones de trabajadores del sector privado, principalmente en el comercio, la restauración o la agricultura, ya que las 37,5 horas ya se aplican en el sector público y en las grandes empresas.
Ahora, el principal desafío para el Gobierno de Pedro Sánchez, que no dispone de la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, consiste en convencer a sus socios parlamentarios de la necesidad de la reforma.
De hecho, la medida despierta reticencias en el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y, sobre todo, entre los independentistas catalanes de Junts per Catalunya (JxCat), dos formaciones aliadas del ejecutivo pero próximas a círculos empresariales.
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