La Justicia de Colombia ha ordenado este martes la suspensión con efecto inmediato del juicio oral contra el expresidente Álvaro Uribe, acusado de supuesto fraude procesal, soborno y manipulación a testigos, en una medida provisional que responde a la recusación interpuesta en la víspera contra la jueza Sandra Heredia por falta de imparcialidad.
El Tribunal Superior de Bogotá ha argumentado que «la suspensión del trámite es necesaria y urgente al estar en entredicho la imparcialidad de la funcionaria y la validez de la actuación que se agote a futuro», por lo que el juicio oral permanecerá paralizado hasta que se resuelva de fondo la cuestión presentada por la defensa de Uribe.
Lea: El ministro del Interior de Colombia renuncia en plena cascada de dimisione
Juicio contra el expresidente
«Desde el momento en que se propone la recusación, hasta su decisión definitiva, el trámite debe detenerse». Así han recordado los magistrados basándose en el Código de Procedimiento Penal. No obstante, el Tribunal ha asegurado que la suspensión no anticipa en ningún caso el fallo definitivo, sino que pretende garantizar el debido proceso, según recoge la emisora W Radio.
La Justicia colombiana ha tomado esta decisión un día después de que la defensa del expresidente haya recusado a la jueza. Por falta de imparcialidad en el marco del juicio en su contra por supuesto fraude procesal, soborno y manipulación a testigos.
Dato
El caso comenzó en 2012 cuando Uribe, presidente de 2002 a 2010, denunció al senador Iván Cepeda. Asegurando que este había recorrido las cárceles del país para presentar falsos testimonios en su contra sobre el surgimiento del paramilitarismo en la región de Antioquia.
Sin embargo, tras la aportación de pruebas, varias versiones apuntaron que los abogados del expresidente buscaban manipular a testigos. Para que apuntaran a Cepeda, por lo que este último pasó de acusado a víctima, al contrario que Uribe, demandante, quien se convirtió en investigado.
Los paramilitares de ultraderecha fueron grupos armados ilegales que surgieron en la década de 1980 financiados por ganaderos. Así como terratenientes y comerciantes para protegerse de los ataques de la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
