El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de Ecuador resolvió ratificar la suspensión por dos años de los derechos políticos de la vicepresidenta Verónica Abad, enfrentada con el mandatario Daniel Noboa.
La condena fue dictada en primera instancia hace un mes por violencia de género contra la canciller Gabriela Sommerfeld. De acuerdo con la Constitución de Ecuador, Abad perdería los derechos a ser elegida y a desempeñar funciones públicas.
Verónica Abad fue elegida en binomio con Noboa para cumplir un mandato de 18 meses en los comicios anticipados de 2023.
La vicepresidenta puede pedir la ampliación o aclaración del fallo, adoptado con el voto de tres de los cinco jueces del TCE, sin que pueda cambiar el efecto.
El organismo rechazó el lunes un recurso de apelación que Abad presentó a la sentencia de primera instancia.
Abad, quien hace una semana se presentó ante la embajada ecuatoriana en Ankara para asumir la función de consejera económica encomendada por Noboa, sostuvo que el TCE no tiene facultad para destituirle, lo que le corresponde al Congreso.
«Si están pensando destituirme con este mecanismo ilegal mediático están muy mal», expresó en su cuenta en la red social X la vicepresidenta, elegida hasta el 24 de mayo.
«Si me retiran los derechos políticos estos no son ‘retroactivos’, este cargo (de vice) fue dado por los ecuatorianos en el 2023», sostiene.
«Suspender derechos políticos no equivale a destituir. Una sanción del TCE no puede usarse como vía para remover a una vicepresidenta, y hacerlo sería un fraude constitucional. El TCE no puede cesar a una autoridad electa por voto popular. Esa competencia está reservada a la @AsambleaEcuador mediante juicio político», enfatizó Abad.
La sanción, que incluye una multa de 14.100 dólares, fue ratificada a tres semanas del balotaje presidencial que disputará Noboa con la opositora Luisa González para el período 2025-2029, que empezará en mayo.
Distanciados desde la campaña para las elecciones extraordinarias de 2023, la ruptura entre ambos fue evidente cuando Noboa poco después de asumir el poder ordenó a Abad marcharse a Israel, donde fue designada como embajadora.
Alegando incumplimientos en los cargos diplomáticos, el gobierno intentó suspenderla mediante una sanción laboral, pero Abad emprendió una batalla judicial que le permitió recuperar sus funciones.
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