La expresidenta argentina Cristina Fernández apeló ante la Corte Suprema la sentencia a seis años de prisión por corrupción que le fue dictada en dos instancias, y recusó a uno de los jueces porque fue designado por decreto por el presidente Javier Milei.
Fernández, de 72 años, fue condenada en primera instancia en 2022 y en segunda en 2024 a seis años de cárcel e inhabilitación política perpetua por «administración fraudulenta» en la adjudicación de obras viales durante sus presidencias (2007-2015).
Si la Corte Suprema rechaza su recurso de queja, la condena queda firme. En ese caso la líder de la oposición puede pedir prisión domiciliaria debido a su edad.
Recusó además al juez Manuel García Mansilla, designado en la Corte Suprema en febrero por un decreto del presidente ultraliberal. Su nombramiento y el del juez Ariel Lijo serán tratados por el Senado este jueves, para lo cual el oficialismo no tiene por el momento los votos.
Cristina Fernández, quien también fue vicepresidenta (2019-2023), arguyó que Milei había asegurado en una entrevista radial la semana pasada que la expresidenta «va a ir presa».
La exmandataria aseveró en la red X que esa declaración constituye «una indebida e intolerable intromisión en asuntos judiciales (…), repercute en forma directa en la situación del juez nombrado en comisión quien ha sido emplazado en el cargo, como ya se dijo, por exclusiva voluntad de Javier Milei, quien reclama la condena a prisión de mi persona».
Uno de los abogados de la exmandataria, Carlos Beraldi, agregó que la sentencia en la llamada «Causa Vialidad» carece de fundamento jurídico y que los jueces y fiscales involucrados en el proceso «no son independientes e imparciales del poder político», en una conferencia de prensa desde la sede del Partido Justicialista, que preside Fernández y que es la principal fuerza de oposición a Milei.
La expresidenta ha acusado en reiteradas oportunidades a esos mismos funcionarios judiciales de ser cercanos a uno de sus rivales políticos, el expresidente Mauricio Macri (2015-2019).
La Corte Suprema no tiene un plazo específico para expedirse y, ante la pregunta sobre resolución en el corto plazo, Beraldi respondió que «esa posibilidad no existe» porque en total son 10 los recursos de queja presentados ante la Corte Suprema de la Nación.
«Desde el punto de vista jurídico no existe ninguna posibilidad de que esto se resuelva entre gallos y media noche (rápidamente) salvo que se trate esto de una operación jurídica que nada tiene que ver con el derecho», aseguró Beraldi.
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