El Senado argentino aprobó este jueves un aumento de 7,2% a las jubilaciones y pensiones, en un nuevo revés para el presidente Javier Milei, que ya anticipó que vetará la ley. Los aumentos establecidos en la ley, que obtuvo media sanción en la cámara de Diputados a principios de junio, tendrían un impacto fiscal de casi 0,5% del Producto Interno Bruto (PIB), según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso y el Ministerio de Economía.
La iniciativa se aprobó con 52 votos a favor y cuatro abstenciones, mientras que el oficialismo y aliados retiraron algunos senadores de la sala en señal de protesta. «Vamos a vetar y si el veto se cae, lo vamos a judicializar», dijo este jueves Milei, quien sostiene que el aumento de las pensiones llevaría a romper el superávit fiscal de Argentina.
La jubilación mínima en Argentina es de unos 240 dólares, por debajo de la línea de pobreza, ubicada en los 1.000 dólares para este grupo, según la Defensoría de la Tercera Edad. Además del aumento general, la ley eleva de 54 a 85 dólares el valor de un bono que reciben los jubilados de menores ingresos.
«Aprobamos en el Senado una recomposición mínima para jubilados (…) no repara todo lo perdido, pero es un gesto necesario», dijo tras la votación el senador opositor Martín Lousteau en su cuenta de X.
En septiembre Milei ya había vetado otro aumento a las jubilaciones aprobado por el Parlamento. En esa ocasión los legisladores mantuvieron el veto del presidente en una votación posterior. El gobierno es minoría en ambas cámaras del Congreso, con 39 diputados de 257, y 6 senadores propios (más un aliado) de 72. Para revertir el nuevo veto, la oposición tendría que reunir dos tercios en cada cámara.
El jueves el Senado también aprobó una moratoria que extiende dos años el régimen para regularizar aportes previsionales, en un país con una informalidad que llega casi al 50% de los trabajadores. También se aprobó la emergencia por discapacidad, que actualiza aranceles y fortalece la Agencia Nacional de Discapacidad.
A partir de un programa económico ultraortodoxo que incluyó un severo ajuste fiscal y una
reducción del gasto público de 4,7% del PBI, el gobierno de Milei redujo la inflación anual del
211,4% en 2023 a 117,8% al final del año pasado.
Como contracara del ajuste, el desempleo subió al 7,9% y muchos sectores, como empleados públicos y jubilados, perdieron poder adquisitivo. Las protestas semanales de jubilados en Buenos Aires, algunas de las cuales han derivado en disturbios, se han convertido en el principal foco de resistencia a las políticas de Milei.
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