Representantes del gobierno de Colombia sostuvieron conversaciones de paz con guerrilleros disidentes de las FARC, un día después de que mataran a 13 policías en un ataque con drones y fusiles, confirmó este lunes el organismo oficial encargado de los diálogos.
El jueves, los rebeldes al mando de alias «Calarcá» derribaron un helicóptero policial y se enfrentaron a una misión de erradicación de narcocultivos en Antioquia (noroeste).
La reunión entre las partes al día siguiente en las montañas del Valle del Yarí (sur) provocó una lluvia de críticas de la oposición y algunos gobernantes locales.
Encuentro
Fue «un encuentro masivo (…) en el que estuvieron los delegados de las FARC-EP (…) con el fin de recolectar insumos para el séptimo ciclo (de conversaciones)», explicó a la AFP un responsable de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
Horas después del ataque en Antioquia, otro grupo disidente liderado por alias «Iván Mordisco» explotó un camión bomba que mató a seis personas y dejó más de 60 heridos en Cali, en una de las jornadas más violentas del 2025.
Ambas disidencias, enfrentadas entre sí, rechazaron el acuerdo de paz de 2016 que desarmó al grueso de las FARC. El brazo al mando de Calarcá sostiene conversaciones con el gobierno del izquierdista Gustavo Petro aunque sin avances concretos.
Crisis
A menos de un año de abandonar la presidencia, Petro parece lejos de lograr desarmar a los grupos criminales colombianos.
«Cómo va a ser que un día después de haber asesinado a 13 policías y sin tener en cuenta todo el historial terrorista de alias Calarcá, el Gobierno nacional diga que reabre las negociaciones con un criminal de semejante pelambre», dijo en X Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia.
El gobierno, en tanto, desplegó una operación especial en Cali y prometió proteger a la población contra «el terrorismo y el crimen».
Desarme
Tras el desarme de las FARC quedó un vacío de poder en los territorios aprovechado por grupos guerrilleros disidentes, paramilitares y carteles que se enfrentan entre sí por el control del narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal.
Las disidencias están entre los sospechosos por el magnicidio de Miguel Uribe, precandidato de derecha asesinado a tiros. En medio de las alertas por la seguridad de los candidatos, se espera que la violencia sea un aspecto central de cara a las presidenciales de 2026.
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