El juez federal argentino Alejandro Patricio Maraniello ha ordenado la prohibición de la difusión de los audios grabados en la Casa de Gobierno y en los que figura la secretaria general de la Presidencia argentina, Karina Milei, –hermana del presidente Javier Milei— como medida cautelar.
El juez pide «el cese de la difusión únicamente de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación (…) atribuidos a la señora Karina Elizabeth Milei» publicados el pasado viernes, según el documento judicial difundido por el propio Gobierno.
La decisión judicial se traduce en una orden de cursar comunicación urgente al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para impedir su publicación a través de «cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web».
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Audios
En paralelo, el Gobierno ha presentado otra denuncia ante los tribunales por la filtración de unas grabaciones de audio de la hermana del presidente, que considera buscan desestabilizar al país.
El Ejecutivo pide que se prohíba la difusión de nuevas grabaciones «a fin de impedir la propagación de nuevas filtraciones ilícitas (…) requiriendo a las personas. Así como los organismos, los medios de comunicación y los prestadores de servicios digitales la debida colaboración para hacer efectiva tal decisión». Todo eso según el documento al que ha tenido acceso el diario ‘La Nación’.
Influencia extranjera
La intención, denuncia, es «desinformar» y «desestabilizar» el proceso electoral, «con presunta influencia extranjera». «Esta campaña de desinformación responde a influencias extranjeras, con patrones similares a operaciones atribuidas a intereses rusos y chavistas», sostiene.
La trama consistió en la «captación clandestina, manipulación y difusión escalonada de audios privados manipulados de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y otros funcionarios», reprocha.
Pretendían «influir ilegítimamente en la opinión pública, alarmar y desinformar a la población, desestabilizar los principales indicadores de la política económica. Y, de este modo, influenciar el proceso electoral en las próximas elecciones legislativas».
Entre los supuestos responsables identificados por el Gobierno en su denuncia se menciona al periodista Mauro Federico. También al empresario Pablo Toviggino, al presentador Jorge Rial y al abogado Franco Bindi. A quien describen como un operador judicial vinculado al exdirector de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) Fernando Pocino.
