La Corte Suprema de Estados Unidos acordó escuchar en la primera semana de noviembre los argumentos sobre la legalidad de los aranceles promovidos por el presidente Donald Trump, cuya administración solicitó al alto tribunal una «decisión final» sobre el tema.
Un tribunal federal de apelaciones emitió a finales de agosto que Trump excedió sus atribuciones para imponer gran parte de los aranceles a sus socios comerciales desde su regreso a la Casa Blanca, aunque permitió que continuara en vigor mientras la máxima corte emita un fallo.
Presión
Presionada por el gobierno, la Corte Suprema aceptó examinar el caso con urgencia y programó una audiencia sobre el tema para «la primera semana de noviembre», indica su decisión de este martes.
El gobierno argumentó ante el alto tribunal las consecuencias de que se invaliden los aranceles y se pierda una herramienta de presión clave con los socios comerciales de Estados Unidos.
El temor a aranceles exorbitantes ha empujado a muchos de los socios de Estados Unidos, incluida la Unión Europea (UE), a no tomar represalias y abrir aún más sus mercados a los productos estadounidenses.
Ley
Trump invocó la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para imponer aranceles «recíprocos» a casi todos los socios comerciales de su país, con un nivel base del 10% y tasas más altas para decenas de economías, como la UE y Japón.
También empleó atribuciones similares para imponer aranceles separados a México, Canadá y China debido a, según dijo, el flujo de drogas mortales que permiten hacia Estados Unidos.
Esos aranceles, que se diferencian de los que se implementaron sobre sectores como el automotriz, acero, aluminio y cobre, son los que están en el centro.
Atribuciones
El tribunal de apelaciones demostró que una ley de emergencia no le da al presidente «el poder de imponer aranceles y otros impuestos», sino que es prerrogativa del Congreso.
Sin embargo, se han presentado varios desafíos legales contra los aranceles y un tribunal de apelaciones falló por siete votos contra cuatro el mes pasado que muchos de los gravámenes eran ilegales, confirmando la conclusión de un tribunal inferior.
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