El Congreso de Perú destituyó el viernes a la presidenta Dina Boluarte en un juicio político relámpago motivado por la crisis de inseguridad y nombró en su lugar al hasta ahora jefe del legislativo.
José Jerí, un abogado de 38 años, tomó juramento del cargo a primera hora por un período que se extenderá hasta julio de 2026. Perú celebrará en abril elecciones generales.
Desde 2016, el país andino ha tenido siete presidentes: tres destituidos por el Congreso contando a Boluarte, dos que renunciaron antes de correr la misma suerte, uno que completó su mandato interino y ahora Jerí.
Sin bancada propia ni apoyo popular, la ya expresidenta se vio acorralada por escándalos, protestas y una ola de extorsiones y asesinatos del crimen organizado jamás vista en Perú.
«El principal enemigo está afuera, en las calles, las bandas criminales, las organizaciones criminales, ellos son el día de hoy nuestros enemigos, y como enemigos debemos declararle la guerra», afirmó el nuevo mandatario.
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Presidente
Jerí completará el mandato que ejercía Boluarte desde diciembre de 2022, cuando accedió al cargo por la destitución y encarcelamiento del expresidente Pedro Castillo.
Tras la remoción, aprobada con el voto de 122 parlamentarios según el recuento final del Congreso. Unas cien personas estallaron en júbilo frente a la sede del Congreso con una bandera de Perú, según un periodista de la AFP.
«Cae Dina. Fuera pacto mafioso», decía uno de los carteles que sostenía uno de los manifestantes.
La mayoría parlamentaria había aprobado el jueves cuatro mociones de vacancia contra Boluarte, invocando su «permanente incapacidad moral» para dirigir el ejecutivo.
«El país ha sido maltratado por el gabinete y la presidenta. Ha crecido la extorsión, la criminalidad, pero ella sigue viviendo en una fantasía. Merece ser castigada», dijo la congresista Norma Yarrow, del partido de derecha Renovación Popular.
Boluarte rehusó presentarse ante el Congreso que la había citado la noche del jueves para que se defendiera en el juicio político.
Su abogado Juan Carlos Portugal alegó falta de garantías al «debido proceso» por el poco tiempo para preparar la defensa.
