El presidente del Tribual Supremo Federal de Brasil, Alexandre de Moraes, ha ordenado preservar la documentación y todos los elementos materiales relacionados con la operación policial en la que murieron 121 personas el pasado martes en Río de Janeiro respetando la cadena de custodia.
La decisión respalda una petición de la Defensoría Pública de la Unión que pide preservar cualquier prueba de crímenes y garantizar la independencia técnica de las pruebas periciales en casos de crímenes contra la vida, informa el diario ‘O Globo’.
Declaración
Está previsto que el gobernador de Río de Janeiro, el bolsonarista Cláudio Castro, responsable último de la actuación policial, sea convocado este mismo domingo para garantizar el cumplimiento del requerimiento judicial.
El juez ha solicitado a Castro que presente información detallada sobre la operación, incluida la justificación formal para el grado de fuerza empleado, el número de agentes que participaron, el armamento utilizado y el total de muertos, heridos y detenidos. Igualmente ha pedido las grabaciones de las cámaras corporales y que se preste atención a las víctimas.
Denuncias
Organizaciones civiles han denunciado torturas y ejecuciones sumarias durante la operación policial en la favela de Penha, que durante las protestas posteriores se ha calificado de «masacre». Al menos uno de los cadáveres estaba decapitado y otros tenían heridas punzantes o estaban atados.
Formalmente, los 2.500 agentes que participaron buscaban atacar a la organización criminal Comando Vermelho. El gobierno estatal aseguró el viernes que 42 de los 99 sospechosos identificados hasta el momento tenían órdenes de detención pendientes y al menos 78 contaban con amplios antecedentes penales. Sin embargo, la fiscalía no había acusado a ninguno de ellos.
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