Tanto el primer ministro de Perú, Ernesto Álvarez, como el ministro de Exteriores, Hugo de Zela, han descartado este martes la posibilidad planteada en la víspera por el presidente del país, José Jerí, de intervenir en la Embajada de México en Lima a fin de arrestar a la ex primera ministra Betssy Chávez, asilada en la legación diplomática, horas después de que la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, haya advertido de que tal actuación violaría el Derecho Internacional.
Intervención
En esta línea, «tanto el que habla, que ha sido presidente del Tribunal Constitucional, como el canciller (el ministro de Exteriores, Hugo de Zela), que tiene una larguísima trayectoria exitosa en el campo diplomático», son conscientes de la imposibilidad de la intervención.
De hecho, el propio De Zela se ha expresado en el mismo sentido unas horas más tarde, en una entrevista con la propia RPP en la que ha declarado que la idea planteada por Jerí «no se va a dar en realidad». «La pregunta que se le hizo al presidente fue hipotética, es decir, algo que tal vez podría ocurrir o no», ha alegado, quitando hierro a la respuesta del mandatario.
«Yo he conversado con el presidente sobre el tema y le puedo decir con absoluta claridad que esa hipótesis no se va a dar en la realidad: la hipótesis de entrar a la embajada por la fuerza», ha prometido el jefe de la diplomacia peruana.
Contradicción
Álvarez ha matizado que las palabras del mandatario representan «el sentimiento de la mayoría de los peruanos» ante el asilo de su antecesora, buscada por la Justicia por su rol en el intento de golpe de Estado liderado por el expresidente Pedro Castillo a finales de 2022.
Las declaraciones de Álvarez y De Zela han llegado unas horas después de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, haya advertido de que la irrupción en la Embajada violaría el Derecho Internacional, aludiendo a la ruptura de relaciones diplomáticas con Ecuador tras la detención del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas y la irrupción de las fuerzas de seguridad en su embajada.
Sentencia
El Tribunal Supremo de Perú ha dictado cinco meses de prisión preventiva y una orden de busca y captura contra Chávez, mientras que la Fiscalía había solicitado una pena de 25 años de prisión para ella, además de su inhabilitación para ejercer funciones públicas durante dos años y medio al acusarla como presunta coautora del delito de rebelión en agravio del Estado.
Castillo, por su parte, se encuentra detenido después de que el 7 de diciembre de 2022 anunciara la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de excepción. Su decreto, que no recabó ningún apoyo, terminó por llevar al Parlamento a apoyar una moción de censura en su contra.
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