La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue la «principal receptora» de los presuntos sobornos de empresas a políticos en Argentina entre 2003 y 2015, sostuvo la acusación el jueves en el megajuicio por corrupción iniciado a principios de noviembre.
La exmandataria y otros 85 exfuncionarios y empresarios están acusados de formar una trama de corrupción para obtener beneficios o contratos de obra pública a través de sobornos entre 2003 y 2015, cuando Argentina estuvo gobernada por ella y por su marido, Néstor Kirchner.
Este jueves el tribunal continuó con la lectura de los hechos procesales. Según la investigación empresarios entregaron paquetes de dinero a emisarios de los gobiernos del matrimonio Kirchner, y la expresidenta, como jefa de esta trama, fue «la principal receptora» de los pagos.
«Las dos partes obtenían beneficios», dijo el tribunal. Los empresarios obtenían regalías con sobornos con los que «los funcionarios públicos -siendo ella la máxima referente-, se enriquecían y garantizaban la continuidad de la operatoria».
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Sobornos
Las audiencias se llevan a cabo de manera virtual. Fernández participa desde su casa en Buenos Aires, donde cumple una condena de seis años de prisión domiciliaria por corrupción.
Según la acusación «se corroboró (…) que todos los empresarios actuaron libremente».
La causa se basa en los apuntes con detalle de fechas, direcciones, entregas, nombres y sumas de dinero que anotó durante años el chofer de un funcionario del ministerio a cargo por entonces de las obras públicas.
Su contenido fue cuestionado por la defensa de la expresidenta, que los consideró adulterados. Varias pericias caligráficas determinaron que en las anotaciones participaron más de una persona.
Dato
La causa, llamada popularmente «cuadernos», tiene dos audiencias semanales y se espera que comience a ser presencial en una próxima etapa.
En la audiencia de este jueves se leyó el descargo de Kirchner que había presentado en la etapa de investigación en el que negó. «De manera categórica y terminante, haber formado parte de algún tipo de asociación ilícita o haber cometido delito alguno».
«La investigación dirigida deliberadamente en mi contra, a pesar de haber arrasado todas. Y cada una de las garantías que hacen al debido proceso legal, no ha conseguido ni siquiera una mínima prueba que acredite los delitos que calumniosamente se me atribuyen», leyó el tribunal.
Cristina Fernández, referente de la oposición peronista (centro izquierda), ha denunciado que ésta y otras causas son una persecución en su contra.
La justicia ordenó la incautación de 480 millones de dólares en bienes y activos pertenecientes a Fernández, su familia y los coacusados. Todo como reparación del daño causado al Estado por otro caso de corrupción.
