El nuevo gabinete de la primera ministra de Perú, Denisse Miralles, tiene al menos cinco ministros investigados debido a diversas irregularidades, ella misma incluida, por presuntos delitos ambientales cuando estuvo al frente de una agencia de inversión, con la misión ahora de lograr el voto de confianza del Congreso.
El equipo de gobierno de Miralles generó la primera polémica en el mismo momento en el que tomó posesión. Después de que el primer elegido para liderarlo, Hernando de Soto, fuera descartado dos días después de ser anunciado por diferencias con el presidente de Perú, José Bálcazar, octavo jefe de Estado en diez años.
Las investigaciones que atañen al equipo de Gobierno de Miralles alcanzan a los nuevos titulares de las carteras de Justicia, Vivienda, Interior y Educación. Y abarcan delitos que van desde la falsificación y la colusión agravada al genocidio. Eso según ha informado la prensa peruana en bases a sus declaraciones juradas.
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Ministros
El ministro del Interior, Hugo Begazo, está bajo investigación por la supuesta falsificación de un documento público. Se le acusa de haber firmado una declaración jurada a favor del saneamiento de una comisaría del distrito limeño de Santa Anita cuando se desempeñaba como responsable de Policía.
El ministro de Justicia, Luis Enrique Jiménez Borra, acumula hasta tres investigaciones en la Fiscalía, una de ellas por colusión agravada. Y otras dos por aprovechamiento indebido del cargo, además de otras tres que finalmente se archivaron. Asimismo, tuvo varios expedientes por infracciones del código ético en la administración, que derivaron en procesos disciplinarios.
El más prolífico de todos ellos es el ministro de Vivienda, Wilder Alejandro Quilcate. Con hasta seis procesos abiertos por usurpación de funciones, aprovechamiento indebido del cargo con o lavado de dinero.
La nueva titular de Medio Ambiente, Nelly Paredes del Castillo está siendo investigada por posible omisión de funciones. Y por un delito de genocidio, en relación a su supuesta responsabilidad como ministra de Desarrollo Agrario durante el mandato de la expresidenta Dina Boluarte, en la ola represiva de las protestas de 2022 y 2023 que dejaron más de medio centenar de muertos.
