La Comisión Nacional del Refugiado (Conare) se reunió ayer en la Cancillería y tomó una decisión sobre la situación del refugiado político Francisco Pacho Cortez que, sin embargo, tiene carácter reservado. Fuentes consultadas por este medio informaron que hoy se conocerá la decisión.
La reunión se inició a las 17.00 y concluyó pasadas las 19.30. La cita, convocada con carácter extraordinario, tenía como misión analizar la situación del colombiano y activista de derechos humanos, acusado por el Gobierno de tráfico de influencias y hacerse pasar por asesor presidencial.
El asesor legal del Conare, Marco Rasguido, evitó comentar sobre el análisis y la decisión tomada en el caso Cortez, toda vez que se habría encomendado al presidente de esta instancia, Alfonso Hinojosa, comunicar la decisión asumida.
En una conferencia de prensa realizada en horas de la tarde, el vicepresidente Álvaro García afirmó que la situación del colombiano y activista «era un tema que está en manos de la justicia», que investiga —sostuvo— las irregularidades que habría cometido.
«Si están comprobadas (las denuncias), lo sentimos mucho. Las personas que tienen una protección como refugiados, tienen obligaciones. Todos tienen que cumplir ciertos requisitos, y quien los incumple tiene que atenerse a las consecuencias inmediatas».
La Conare está compuesta por representantes de instituciones como la Cancillería, los ministerios de Gobierno y Justicia, la Iglesia Católica y la Universidad Mayor de San Andrés.
Cortez fue detenido la noche del lunes 19 en Cochabamba, poco después de descender de un avión procedente de La Paz, donde también viajó el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti. El abogado del activista, Andrés Zúñiga, denunció que su cliente había sido detenido por orden de Llorenti.
JUSTICIA. La Fiscalía acusó al detenido por la comisión de los delitos de asociación criminal y espionaje. Se programó una audiencia de medidas cautelares donde el Ministerio Público no se presentó para probar sus acusaciones, por lo que se liberó a Cortez.
Minutos después de abandonar las instancias judiciales, fue interceptado por agentes de Migración, que lo detuvieron y trasladaron, por tierra, hasta la sede de gobierno. El jueves fue puesto en libertad, tras constatar su legal situación migratoria en el país y su refugio político, concedido el 2005.
Para Zúñiga, la juez sentó jurisprudencia y cree que la decisión del Conare saldrá a favor de su defendido, aunque le preocupa no tener información de las conclusiones de la reunión.
Llorenti acusó el viernes al colombiano de tráfico de influencias y consideró que su situación debiera ser analizada.
El domingo, el canciller David Choquehuanca informó que el Conare se reunirá para tratar el caso.
«También se acusó a Cortez de tráfico de influencias, pero esa figura no aparece en el Código Penal», explicó el abogado, quien añadió que apelará la resolución del Conare sobre la base de estos argumentos jurídicos, en caso de salir contraria a su defendido.
El colombiano fue detenido por primera vez en Bolivia en abril del 2003, acusado de pertenecer al Ejército de Liberación Nacional (ELN). Se lo acusó de terrorismo, alzamiento armado, espionaje y narcotráfico y pasó 21 meses en la cárcel. Posteriormente fue liberado y su caso fue archivado.
La Razón trató infructuosamente de comunicarse vía teléfono con Cortez. Una fuente allegada al acusado informó que el colombiano viajó al campo para «despejarse» de los últimos hechos de los que fue objeto. El Conare se pronunciará hoy.
Quién es el refugiado político
Es el perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad,pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, siendo víctima o potencial víctima de grave y generalizada violación de sus DDHH.
