José Luis Harb, ex viceministro del Interior durante la guerra del gas del 2003, negó ayer la existencia de grupos guerrilleros que habrían actuado en esos hechos, como dijo el ex presidente Gonzalo Sánchez Lozada para justificar la intervención de las FFAA.
El segundo hombre del Ministerio de Gobierno —que estaba a cargo de Yerko Kukoc— hizo esa declaración en el marco del juicio de responsabilidades sobre octubre del 2003, que se ventila en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Harb dijo que, en su calidad de encargado de la seguridad interna y la seguridad ciudadana, tuvo acceso a los reportes de Inteligencia de la Policía, pero nunca recibió uno que denuncie la existencia de grupos subversivos armados. Aseguró que no hubo indicios ni sospechas.
Con esa afirmación Harb contradijo al ex primer mandatario, a su gabinete y al Alto Mando Militar de entonces. De acuerdo con el expediente, Sánchez de Lozada firmó las órdenes para que actúen las FFAA previa advertencia de la presencia de organizaciones guerrilleras en la zona andina de Bolivia.
El ex viceministro también recordó que entre septiembre y octubre del 2003 la Policía no contaba con armas letales y que utilizó sólo equipo antidisturbios.
Respecto al transporte de gasolina y diesel desde la planta de Senkata el 12 de octubre del 2003, fecha en la que el Decreto 27209 dio paso al denominado «convoy de la muerte», Harb reveló que se ordenó la total militarización de La Paz para llevar el combustible que se consumiría en dos horas, hecho que fue criticado por el fiscal del caso, Milton Mendoza.
