La figura de gastos reservados se remontaría hasta el gobierno de Andrés de Santa Cruz, bajo la partida fondo especial, según la publicación «El Control de los Gastos Reservados en Bolivia» del abogado y ex registrador de Derechos Reales, Asdrúval Columba.
En la administración de Santa Cruz se aprobó una ley que en su artículo primero refiere: «Las deudas pasivas del Estado, consolidadas por las leyes del 15 y 17 de octubre de 1826, no podrán satisfacerse sino con el fondo especial…».
En noviembre de 1840, el presupuesto general de gastos desglosa el presupuesto de la siguiente manera: Gastos discrecionales, Al año diez mil pesos…10.000. Posteriormente, la publicación hace una referencia cronológica de otras normas legales que se refieren a los gastos reservados.
Durante el gobierno de Juan José Torres se aprobó el Decreto 09860, que «autoriza al TGN la entrega de fondos a la Presidencia de la República en el monto que señala como Gastos Reservados».
Hechos. El repaso histórico menciona al gobierno de Luis García Meza, que habría autorizado la asignación de 2.000.000 de pesos con destino a gastos reservados.
En el recuento también está el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, donde se recuerda que ordenó la destrucción de informes sobre esta materia. En la administración de Carlos Mesa se menciona el recorte de ese presupuesto.
La publicación de Columba, quien renunció a su cargo de registrador de Derechos Reales en julio del 2009, se ubicó en el tercer lugar en el concurso de Investigación Jurídica 20009.
El caso de los gastos reservados es hoy motivo de una investigación. Los ex ministros de Gobierno, Guillermo Fortún y Guido Náyar, quienes están fuera del país, fueron convocados a declarar por la Fiscalía.
El Arzobispado cruceño y 21 empresas fueron mencionadas en el proceso. Una comisión investiga este caso, que implicaría 5 mil millones de bolivianos entre 1995-2005.
