La Policía Boliviana advirtió que el traspaso de la Dirección de Identificaciones a otra institución violaría la Constitución Política del Estado y desataría una crisis con severos daños económicos a la institución y con dudas sobre la legitimidad y legalidad del poder constituido.
La advertencia está contenida en un extenso documento entregado a la Asamblea Legislativa con el título: «Fundamentos para mantener el Sistema de Identificación Personal en el marco de la integralidad de las funciones de la Policía Boliviana».
En 67 páginas (además de anexos) de justificaciones políticas, económicas, técnicas y jurídicas, la Policía hace conocer los argumentos de su rechazo a la idea del traspaso, incluida en los proyectos de Ley del Órgano Electoral elaborados por el Movimiento Al Socialismo (MAS) y la Corte Nacional Electoral (CNE) próximos a debatirse en el plenario de la Cámara Baja.
Advertencia. De acuerdo con la Policía Boliviana, el traspaso provocaría a la institución un hueco financiero de aproximadamente 40 millones de bolivianos, pero además violaría los artículos 251 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE) en vigencia.
Tras recordar que «la legalidad es un requisito y un atributo del poder que supone ciertos límites al ejercicio del mismo», los policías lanzan además una advertencia: «un poder sólo podrá ser legítimo y legal cuando los actos de autoridad que de él emanan se ajustan a las leyes vigentes».
La Policía recuerda que el artículo 251 de la CPE determina que esta institución «ejercerá la función policial de manera integral, indivisible y bajo mando único, en conformidad con la Ley Orgánica de la Policía Boliviana y las demás leyes del Estado», por lo que el traspaso de la Dirección de Identificaciones a otro organismo implicaría la violación de este principio constitucional de indivisibilidad.
Señala que con esta acción también se estaría vulnerando el principio de jerarquía normativa definido en el artículo 410, que establece que «todas las personas, naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones públicas e instituciones, se hallan sometidos a la Constitución Política».
Agrega que «tanto la Ley Orgánica vigente y el anteproyecto de Ley Orgánica de la Policía Boliviana establecen taxativamente y dejan claramente establecido que la administración en la otorgación de la Cédula de Identidad es una función técnico-científica de la Policía Boliviana», mientras que la CPE otorga dos funciones a la CNE: administrar procesos electorales y manejar el Registro Civil, «pero ninguno de ellos establece que estarían encargados de administrar la otorgación de cédulas de identificación personal.
En este contexto, la Policía concluye que «el Órgano Electoral está procurando excederse en sus funciones otorgadas por la Constitución».
RECURSOS. Otro de los asuntos centrales que observa la Policía es la pérdida de un ingreso anual de Bs 39.649.743,17 producto de la administración de Identificaciones, lo que «tendría un efecto directo en las diferentes obligaciones y prestaciones que efectúa la institución policial en el plano social, vivienda, funcionamiento, inversión y principalmente en el ámbito salarial».
Señalan que en caso de concretarse la transferencia, debería haber una compensación económica del Tesoro, además de un «incremento sustancial» del monto, para mejorar el nivel de vida de los policías.
El Gobierno les sugiere acatar
El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, dijo que la Policía deberá acatar lo que decida el Legislativo.
«La Policía Boliviana es una institución que cumple los preceptos constitucionales», declaró la autoridad al referirse al tema.
García: La Policía planteó el traspaso
El presidente en ejercicio Álvaro García Linera aseguró este jueves que el traspaso de la Dirección Nacional de Identificación Personal a otro organismo del Estado fue un planteamiento hecho por la propia Policía Boliviana.
«El tema del sistema de Identificación es una propuesta que ya surgió de la propia Policía. Fue iniciativa de los sectores de la Policía en la que se propuso tanto que Identificación pasará a otro organismo, de tal manera que se habilitará cerca de mil, de dos mil policías que podrían estar trabajando en temas de seguridad ciudadana. Éste ha sido recogido por la Cámara de Diputados», detalló la autoridad durante una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno.
García aclaró, no obstante, que el tema de Identificaciones no es un caso cerrado y que se trata de una propuesta que debe ser analizada, sobre todo si se toma en cuenta la pérdida económica que significaría para la Policía Boliviana.
«Hay un conjunto de ingresos que tiene la Policía por este servicio, hay que reponer ese conjunto de ingresos, hay que ver otras fuentes. Hay que discutir si conviene que pase a manos de la Corte Electoral o, por ser un tema de seguridad, esté en manos de un ministerio, ese es un tema no saldado, no resuelto», dijo García tras advertir que el tema no será definido en días y que su discusión podría demorar meses.
