La Sala 1ª de la Corte Suprema de Justicia ordenó al Alto Mando de las Fuerzas Armadas desclasificar sus archivos militares del período junio de 1979 a diciembre de 1980. La decisión judicial es de cumplimiento obligatorio y no admite apelación.
El requerimiento del 1 de abril «ordena al Comandante General de las Fuerzas Armadas de Bolivia, que luego de su legal notificación, juntamente con representantes del Ministerio Público, procedan a la desclasificación de archivos existentes en el Departamento Segundo del Estado Mayor».
La finalidad de esta apertura de información reservada es la de facilitar el conocimiento de «la verdad histórica de los hechos en la desaparición forzada de Juan Carlos Flores, Marcelo Quiroga Santa Cruz y otros», justifica el auto supremo de Corte Suprema.
Olga Flores, hermana del desaparecido Carlos Flores, explicó que ahora los militares no tienen ningún recurso al cual recurrir para evitar desclasificar los archivos que podrían dar la pista para encontrar los restos de los desaparecidos en la dictadura.
«La decisión judicial es histórica porque permitirá al pueblo conocer quiénes fueron los que reprimieron al pueblo en las masacres de hace 30 años», dijo.
Los militares están obligados a entregar el reporte de ingresos y salidas del Estado Mayor de Ejército del 10 al 20 de julio de 1980. Flores y un oficial de notificaciones no lograron entregar la notificación con la orden judicial al comandante de las FFAA, general Ramiro de la Fuente, quien viajó a Rusia junto a una misión oficial.
Pegaron la notificación (por cedulón) en la pared del Gran Cuartel de Miraflores. La información que se consiga permitirá armar el «comienzo de la conspiración a la democracia», dijo Flores.
Los militares presentaron recursos legales contra similar determinación emitida por el juez Róger Valverde. Rechazan entregar información a la Fiscalía y desclasificar sus archivos porque vulneraría la Ley Orgánica de la institución armada. Se espera el fallo de la Corte de Distrito.
El fiscal que investiga el caso de los desaparecidos en dictadura, Milton Mendoza, indicó que la decisión de la Suprema no tiene apelación alguna y los militares están obligados a cumplirla.
«Se esperará un par de días, tiempo en el que las autoridades castrenses decodificarán la información y nos la entregarán», señaló el fiscal. «Esto es un precedente de jurisprudencia, un mandato del más alto tribunal de justicia de este país», destacó Mendoza desde la ciudad de Sucre.
Golpistas hablan de archivos
El ex dictador Luis García Meza y su ministro del Interior, Luis Arce Gómez, revelaron la existencia de documentos clasificados y diarios de Inteligencia sobre la dictadura de 1980.
«Había cuatro clases de documentos oficiales: un examen de personal, logístico, de operaciones y de comunicaciones. Todo tiene su archivo», afirmó García Meza en contraposición con las versiones de las autoridades militares actuales, que aseguran que no existen archivos secretos sobre la dictadura.
Por su parte, Arce Gómez afirmó que existe un informe que fue elaborado «por el comandante de la época (1980) del 1er. Cuerpo de Ejército acantonado en Oruro».
Ambos serán citados la próxima semana por el Ministerio Público para conocer su versión sobre los hechos que enlutaron a varias familias.
El Ministerio de Defensa también instruyó a las FFAA coadyuvar en la búsqueda de documentos para dar con los restos de los desaparecidos. No hubo avances a la fecha.
