Analistas consultados por La Razón advierten que la nacionalización de tres generadoras y una distribuidora de electricidad no es la solución a la necesidad de inversión en transmisión de energía; y enfatizan en la coordinación entre empresas públicas y privadas para invertir y evitar apagones.
«Aclaremos que es estatización y no nacionalización, porque todas son empresas nacionales», remarcó el ex superintendente de Hidrocarburos Carlos Miranda. «La tesis de que las empresas de energía son estratégicas y deben depender y ser propiedad del Estado, en la experiencia muestra que no funciona muy bien».
Dijo esto en comparación con el sector de hidrocarburos. «Hemos retrocedido; de ser un país exportador neto de líquidos ahora somos importador y con dificultades de exportador de gas». Indicó que en Brasil no hubo estatización y el sector está implementando un programa de «Luz para todos», beneficiando a millones en ese país. Lo contrario sucede en Venezuela y Argentina, donde las estatales deben solucionar los problemas de apagones.
Advirtió que en «un par de años vamos a tener apagones y cortes de electricidad porque es un sector en el que hay que estar invirtiendo constantemente».
«El país requiere inversión en transmisión. En el tema de generación hay un balance débil, pero si la demanda de crecimiento empieza a crecer, ahora que hay recuperación económica se requiere que el sector acompañe ese ritmo y exista un balance prudente», enfatizó el analista del Centro Boliviano de Economía (Cebec) Roberto Orihuela.
«Ése es el principal reto, independientemente de quién sea el administrador de las empresas. Se tiene que tomar en cuenta la eficiencia que tiene que existir en las inversiones», señaló.
La transmisión fue privatizada. Está a cargo la Red Eléctrica Internacional, compañía filial del Grupo Red Eléctrica de España.
«Hay necesidades de inversión, sabemos que el Gobierno tiene cierto respaldo económico, pero también tiene varias otras necesidades. Lo coherente es que se siga una línea de coordinación con el sector privado para atender esos problemas», apuntó Orihuela.
Respecto a la Tarifa Dignidad, que beneficia desde el 2006 a la población de menores ingresos (655 mil consumidores en 2009) con una reducción del 25 por ciento por consumo de 70 KV por hora, se espera que las empresas nacionalizadas mantengan esta obligación; que es de responsabilidad absoluta de 18 empresas eléctricas que operan en el país.
Estas empresas, en varias oportunidades, señalaron el impacto negativo en su rentabilidad. Se necesitará un estudio técnico para considerar el impacto en los ingresos de las nacionalizadas. Ahora tienen que ser «eficientes y transparentes», precisó Orihuela.
