Después de 15 años de burlar y huir de la Justicia, fue detenido ayer el capitán de Ejército Freddy Quiroga Reque, sentenciado a 30 años de cárcel sin derecho a indulto por el delito de asesinato durante el gobierno de facto de Luis García Meza. Hoy, la Justicia le leerá su condena e instruirá su remisión a la cárcel de Chonchocoro.
El viceministro de Gobierno, Gustavo Torrico, informó que uniformados del Centro Especial de Investigación Policial (CEIP) ejecutaron el operativo que acabó con la detención del militar (70), quien habría retornado de forma clandestina al país, desde Argentina.
Quiroga, egresado de la Escuela de las Américas, participó el 15 de enero de 1981 de la masacre de la calle Harrington, donde fueron asesinados ocho militantes del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR).
El militar fue trasladado a celdas judiciales a la espera de que el juez José Ayaviri le lea su sentencia en una audiencia que fue fijada para las 14.00 de hoy. «Esta persona fue condenada por genocidio, alzamiento armado y otros delitos, al igual que otros del mismo grupo de la dictadura», recordó.
Luego de su audiencia, Quiroga será llevado a la cárcel de Chonchocoro, donde también fueron enviados García Meza y su ministro del Interior Luis Arce Gómez.
La presidenta de la Asociación de Familiares de Desaparecidos, Ana Urquieta, destacó la labor de la Policía, porque permitirá —dijo— que un condenado por sus acciones en la dictadura cumpla su condena. Olga Flores, familiar del desaparecido en dictadura Carlos Flores, destacó que haya sido detenido otro condenado por acciones totalitarias.
Parte del juicio a los dictadores
El coronel Freddy Quiroga Reque huyó del país antes de dictarse sentencia por los hechos de la dictadura. Es acusado de participar en la masacre de la calle Harrington.
Deben desclasificar archivos
El fiscal Rolando Morales aseguró que en una semana hará cumplir el Auto Supremo 125 de la Corte Suprema de Justicia, que ordena a las FFAA desclasificar los archivos militares de la dictadura del período junio de 1979 a diciembre de 1980.
Morales, parte de la comisión que investiga la desaparición forzosa en tiempos de dictadura, afirmó que la orden judicial no admite apelaciones, por lo que es de cumplimiento obligatorio.
«Es imposible que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Ramiro de la Fuente, desconozca una autoridad de esa índole. Sólo tienen que ser notificados para que cumplan con ese auto supremo», explicó.
Extraoficialmente se conoció que la notificación ya fue recibida por De la Fuente y que el Alto Mando Militar se encuentra reunido con sus asesores legales para dar una respuesta en las próximas horas.
Morales explicó que la comisión esperaría una semana más, en la lógica de dar tiempo a los «militares ordenar la documentación que tienen que entregar al Ministerio Público».
Las autoridades militares, en reiteradas ocasiones, aseguraron que no existen archivos de la dictadura, pero los dictadores Arce Gómez y García Meza revelaron que sí los hay y que podrían dar luces sobre ese período. «Si no dicen nada, pediremos el cumplimiento», dijo el fiscal.
