Un juez boliviano suspendió hoy la audiencia donde se iba a considerar una solicitud de liberación del ex prefecto opositor de la región boliviana de Pando Leopoldo Fernández, preso en La Paz desde hace casi 19 meses, informó su defensa.
Karlo Brito, abogado de Fernández, dijo a Efe que la audiencia fue aplazada al día 21, a pedido de los fiscales que investigan la presunta responsabilidad del ex gobernador en la muerte de 13 personas, entre ellas varios campesinos, ocurrida en 2008 en Pando (norte), durante una ola de protestas contra el Gobierno de Evo Morales.
Fernández junto con otras 26 personas ha sido acusado formalmente por la fiscalía de La Paz de terrorismo, homicidio, lesiones graves, asesinato, asociación delictiva y lesiones graves y leves, por su supuesta responsabilidad en la matanza de campesinos en Pando.
«Es la segunda vez que se suspende la audiencia. Los funcionarios del Ministerio Público andan dilatando este acto procesal para que no se lleve a cabo porque ya no tienen ningún argumento legal para mantener detenido a mi cliente», lamentó Brito.
Según el abogado, los fiscales pidieron aplazar la audiencia de hoy con el argumento de que debían viajar a Pando para seguir con las investigaciones.
En abril pasado se produjo un primer aplazamiento de la audiencia para este caso.
El ex prefecto cumplirá la próxima semana 19 meses de reclusión en una cárcel de La Paz sin que se haya iniciado el juicio en su contra, cuando las leyes prevén que una persona no puede estar detenida preventivamente más de 18 meses sin tener sentencia.
Por ello, el abogado solicitó el cese de la detención para que Fernández pueda asistir en libertad al juicio en su contra, que debe comenzar el próximo 8 de junio.
Fernández fue compañero de fórmula del ex prefecto opositor de Cochabamba y candidato a la presidencia Manfred Reyes Villa, en la alianza Plan Progreso para Bolivia-Convergencia Nacional (PPB-CN), que logró el 26,46 por ciento de los votos en las elecciones generales del pasado 6 de diciembre.
Tanto Fernández como Reyes Villa, quien huyó del país en diciembre pasado hacia Estados Unidos, se han declarado perseguidos políticos por el Gobierno de Morales, aunque el Ejecutivo ha negado tales acusaciones.
