Un día después de que la Ley Transitoria de Autonomías fuera sancionada en la Cámara de Diputados, el Comité Cívico del Beni convocó a un paro para este lunes, medida que sin embargo sólo fue acatada en la ciudad capital: Trinidad. En Santa Cruz y Tarija analizan los alcances de la normativa y anuncian futuras protestas.
Según un reporte de la red Uno, las localidades benianas de Riberalta, San Borja y la provincia Vaca Díez no acataron el paro cívico y desarrollaron sus labores cotidianas con normalidad.
«El Comité Cívico está siendo utilizado por Ernesto Suárez (prefecto). Llaman a un paro y sólo acata Trinidad, y lo hacen en las oficinas prefecturales y municipales. Tengo números de que Riberalta y Guayará y desde Santa Rosa hasta San Borja no se está acatando (el paro)», afirmó un dirigente cívico de San Borja al medio televisivo.
Otro dirigente informó que en Riberalta no se acató el paro cívico en su totalidad y acusó al Comité Cívico del Beni de ser «funcional» a la Gobernación de ese departamento. «Estamos de acuerdo con este paro cívico para que el Gobierno entienda y dé luz verde a las autonomías», señaló otro dirigente cívico del área rural.
Sin embargo, el presidente del Comité Cívico del Beni, Felcy Guzmán, calificó de «exitoso» el paro desarrollado en el departamento beniano y anunció más medidas de presión contra la aprobación de la Ley Transitoria.
«El paro cívico fue contundente y exitoso. No vamos a aceptar una ley que va contra el voto del departamento. El pueblo beniano manifestó su rechazo contra esta ley que impide el verdadero desarrollo de las autonomías.
Estamos contra la imposición de este Gobierno y anunciaremos más medidas de presión como base de la defensa del proceso autonómico en el Beni», anunció Guzmán.
Por su parte, el senador Freddy Bersatti (MAS) dijo que el paro organizado por la institución cívica fue político y que tenía la intención de «ocultar actos ilícitos» del Gobernador electo de ese departamento, Ernesto Suárez.
«En el departamento del Beni todo el mundo ya conoce la actuación del ex prefecto del departamento (Ernesto Suárez) y lo que se quiere con el paro cívico es básicamente ocultar, tapar una serie de irregularidades administrativas», dijo Bersatti.
El presidente Evo Morales promulgó la Ley Transitoria de Autonomías después de que la bancada masista en la Cámara de Diputados rechazara la solicitud de una medida de reconsideración interpuesta por la oposición.
Ante esa información, el Comité Cívico de Tarija se declaró «en emergencia» y anunció que «estudiará» la ley para definir medidas a futuro.
«Hemos determinado dar mayor tiempo para ver qué es lo que pasa con la democracia tras la promulgación de esta Ley Transitoria. Vamos a esperar recibir de manera formal el documento para analizarlo a plenitud y pronunciarse formalmente», informó el vicepresidente de la institución cívica tarijeña, Baldemar Peralta.
De igual manera, el Comité Cívico Pro Santa Cruz anunció medidas de presión contra la Ley Transitoria y aconsejó al gobernador electo, Rubén Costas, que no acepte ser posesionado por el presidente Evo Morales.
Lo que dice la norma transitoria
El artículo 8 de la Ley Transitoria de Autonomías establece la suspensión de los gobernadores electos previa denuncia y posterior aprobación del juez en materia legal. Este inciso afectaría a las autoridades reelectas Rubén Costas de Santa Cruz y Mario Cossío de Tarija.
Costas es acusado de malversar Bs 30 millones
El gobernador reelecto de Santa Cruz, Rubén Costas, uno de los principales opositores del presidente Evo Morales, fue acusado por la Contraloría de malversar 30 millones de bolivianos ($us 4,2 millones), dijo la responsable regional de ese organismo.
La acusación fue formulada a seis días de que Costas asuma para un nuevo período de cinco años, y luego de que la Asamblea de mayoría oficialista aprobara una ley para destituir a cualquier autoridad acusada de corrupción.
«Tenemos la figura penal de malversación de recursos, IDH (Impuesto Directo a los Hidrocarburos), inclusive falsificación de facturas. Vamos a formalizar la denuncia al Ministerio Público», dijo a la AFP la contralora departamental de Santa Cruz, Lenny Miranda.
«El señor Costas (durante su primer mandato 2006-2010), en vez de destinar el recurso para seguridad ciudadana, compró 40 camionetas», advirtió la contralora Miranda y acotó que la acusación será formalizada esta semana.
Costas también enfrenta una denuncia del gobierno de Morales por utilizar 10 millones de bolivianos (1,5 millones de dólares) para un referéndum que se efectuó en Santa Cruz el 2008, tachado de ilegal.
