La Cámara de Diputados comenzó ayer el tratamiento de la Ley del Órgano Judicial y el primer tema en desatar un conflicto fue la inclusión de la figura del Defensor del Litigante, que dependerá del Ejecutivo y, según la oposición, suplantará las atribuciones del Consejo de la Magistratura.
El oficialismo aseguró que la mencionada repartición sólo supervisará los procesos disciplinarios y penales, y que la creación de esta figura obedecería a un criterio de coordinación entre el Poder Ejecutivo y el Judicial.
El proyecto fue planteado por la diputada Cecilia Ayllón (MAS), quien según los opositores estaba inhabilitada de hacerlo porque se encontraba en semana regional. No obstante, logró su objetivo y la norma comenzó a tratarse.
El artículo 212 del proyecto de ley estipula la creación del Defensor del Litigante y en el parágrafo I del citado artículo se establece que esta instancia dependerá del Poder Ejecutivo «como una unidad especializada que tendrá atribuciones para hacer seguimiento y velar por el buen desarrollo de los procesos disciplinarios y penales contra autoridades judiciales».
La diputada Norma Piérola (PPB-CN) afirmó que el mencionado artículo se constituye en «un absurdo», porque el Defensor del Litigante pasaría a suplantar al Consejo de la Magistratura, que es el ente encargado de administrar procesos disciplinarios a autoridades del Poder Judicial.
«El oficialismo no quiso cambiar este artículo, lo dejaron tal cual vino, a pesar de las observaciones en contra de la Corte Suprema de Justicia y es uno de los puntos en disidencia. El Defensor del Litigante dependerá del Poder Ejecutivo y controlará a los jueces, entonces ¿en qué queda el Consejo de la Magistratura? Yo creo que existe una intención de supeditar al Órgano Judicial a través del Poder Ejecutivo», afirmó Piérola.
En respuesta, Ayllón, presidenta de la Comisión de Justicia Plural, aseguró que «una cosa es ejercer la función disciplinaria y otra es controlar esta función, son funciones distintas. El Defensor del Litigante no reemplaza al Consejo pues no va a sustanciar procesos, los procesos disciplinarios los sustanciarán los jueces ciudadanos y un juez técnico disciplinario».
Insistió en que «no podemos hablar de interferencia del Ejecutivo cuando, por el contrario, se habla de control y cooperación entre órganos».
El artículo 193 de la Constitución Política del Estado (CPE) establece que «el Consejo de la Magistratura es la instancia responsable del régimen disciplinario de la jurisdicción ordinaria, agroambiental y de las jurisdicciones especializadas; del control y fiscalización de su manejo administrativo y financiero; y de la formulación de políticas de su gestión».
Debate. En criterio de Piérola, al iniciar el tratamiento del proyecto de Ley del Órgano Judicial se violó el reglamento interno, porque la Comisión de Justicia Plural debió previamente incluir las observaciones realizadas por la Corte Suprema de Justicia en su informe.
«Nos parece extraña esa actitud porque al parecer hay una intención vedada de no querer colocar la modificación que el pleno de la Corte Suprema de Justicia hizo de objeción al Defensor del Litigante y no está considerada en el proyecto que ya se ha pasado a consideración», dijo.
Ayllón explicó que la implementación de la ley judicial será paulatina. «Primero entrarán en vigencia las designaciones de autoridades máximas. A partir de enero (lo hará) la estructura del Órgano Judicial y se tendrán dos años para leyes que la pondrán en marcha», indicó la asambleísta.
Parte de las leyes orgánicas
La Ley del Órgano Judicial forma parte del paquete de cinco leyes definidas en la Constitución Política del Estado (CPE), las mismas que deben ser aprobadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional en un plazo que fija como tope máximo el 22 de julio. La Cámara de Diputados inició el proceso de aprobación ayer.
El Tribunal será autónomo
El Tribunal Constitucional será un ente autónomo que no pertenecerá al Órgano Judicial, y por ello es que se implementará una ley específica para su funcionamiento. Esta normativa forma parte de las cinco leyes orgánicas que la Asamblea Legislativa debe aprobar hasta el 22 de julio.
«El Tribunal Constitucional está instituido por la Constitución que dice que primero es el Órgano Judicial y luego el Tribunal. Sus autoridades son elegidas por voto directo y es el pueblo el que elige. Las autoridades responderán a una ley que se está trabajando. Es un ente autónomo con autonomía presupuestaria», recordó la presidenta de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, Cecilia Ayllón.
«El Tribunal Constitucional que actualmente es parte del Órgano Judicial, como un ente funcional para el control de la constitucionalidad y la defensa de los derechos y garantías, debería ser parte de este ente», replicó la diputada opositora Norma Piérola (PPB-CN).
Entretanto, su correligionario Adrián Oliva dijo que el proyecto de ley que se debate en Diputados no garantiza la independencia de poderes, pues un fiscal podría suspender a un juez mediante una imputación formal.
«Existiría un gran poder del Ministerio Público sobre los jueces para influir sobre sus decisiones», aseveró Oliva.
El diputado Javier Zabaleta (MSM) dijo que esta figura, contemplada en el proyecto de ley del Órgano Judicial, pretende garantizar «una correcta administración de justicia».
Justicia puntos clave del proyecto
Autoridades
Elección por voto directo
-Uno de los principales cambios determina que las autoridades del Poder Judicial serán elegidas por voto directo y no sólo en el Congreso. La elección se realizará a fin de año.
Miembros y nombres
Nace el Tribunal Supremo
-La Corte Suprema pasa a llamarse Tribunal Supremo de Justicia y estará compuesto por 18 ministros, dos elegidos por departamento, un titular y un suplente.
Jerarquía
Reconoce la justicia indígena
-El proyecto jerarquiza la jurisdicción indígena originaria campesina, que tendría la misma envergadura que la justicia ordinaria y estaría basada en los usos y costumbres.
