La policía de Bolivia atribuyó hoy a una «venganza» del narcotráfico el linchamiento de cuatro de sus agentes a manos de grupos indígenas aimaras y quechuas del occidente del país, porque en esa región se han destruido varios laboratorios de cocaína.
El coronel Orlando Ávila, jefe de la Policía del departamento occidental de Potosí, donde ocurrió el crimen, se refirió al asunto al analizar las causas del asesinato cometido el domingo por los indígenas en la localidad potosina de Uncía.
«El municipio de Uncía ahora se constituye en una zona sin ley, entonces allá seguramente se hará todo lo ilícito. Esto que pasó (el crimen) fue en venganza porque en el lugar se incineraron varias fábricas de cocaína», declaró Ávila a la red radial Erbol.
El jefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), coronel Félix Molina, dijo a Efe que está preparando un informe sobre las actividades de narcotraficantes en esa región del norte de Potosí, situada 341 kilómetros al sur de La Paz.
Molina también opinó que el linchamiento se produjo porque la «gente en Bolivia no le tiene miedo a la justicia» ya que han habido varios casos del mismo tipo que no han sido sancionados.
Los dirigentes aimaras y quechuas de los ayllus (clanes) indígenas justificaron el crimen con el argumento de que los policías extorsionaban a los pobladores de la región.
Se trata de una zona también usada para el contrabando de vehículos de segunda mano provenientes de Chile.
Según la autoridades, los policías realizaban un operación para buscar automóviles robados en el norte de Potosí, cuando fueron detenidos el domingo, después torturados y asesinados.
Una asamblea de los «ayllus guerreros», como se llaman a cinco comunidades de esa región que posee armas, resolvió el miércoles declarar que ese territorio es una «zona roja» donde no pueden ingresar policías, ni fiscales para investigar lo sucedido.
Los ayllus también resolvieron que esa zona es libre para el tránsito y comercialización de vehículos de contrabando.
Los dirigentes indígenas ratificaron además su decisión de no entregar los cuatro cadáveres de los policías que, según informes preliminares, han sido enterrados en tres diferentes pueblos de la región para que las autoridades no los encuentren.
Según el coronel Ávila, los indígenas han hecho «un voto de silencio» sobre el caso y también han amenazado con linchar a los policías que pretendan ir hacia esa región para investigar.
«Toda la zona donde sabemos que los policías han sido emboscados, agarrados, torturados y linchados, está protegida por mucha gente que tiene armamento», apuntó el coronel Ávila.
Los choques armados de los «Ayllus Guerreros» de Potosí causaron 57 muertes entre 2000 y 2001, más de medio millar entre 1970 y 1990, y hay datos oficiales que elevan a 10.000 las víctimas desde 1830.
